Tras más de dos años de reuniones con juristas y políticos, concentraciones en la Ciudad de la Justicia, manifestaciones por el centro de Málaga, búsqueda infructuosa de documentos en los distintos hospitales de la provincia -recibiendo malas caras entre el funcionariado-, numerosas promesas incumplidas y cierta dejadez de jueces y policías, los afectados por el supuesto robo de bebés en Málaga entre los años 50 y 80 han perdido la ilusión y están cerca de tirar la toalla. La última gota que ha colmado el vaso se produjo el viernes, cuando el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibió a los representantes de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) sin que ello haya supuesto ningún avance. "Como fuimos nos venimos. Creo que nos están tomando el pelo y entreteniéndonos", aseguró Isabel Agüera, presidenta de Aberoa.

Ella fue la primera que puso una denuncia por un supuesto caso de bebés robados en Málaga. Fue en el verano de 2010 y, dos años y medio después, sigue sin saber nada de lo que realmente le pasó a su hermana. "Me archivaron el caso una vez y lo recurrí. Ahora resulta que me lo han vuelto a archivar y ni siquiera me lo notifican. Esta vez ni me he molestado en recurrirlo. Está claro que mi única esperanza de descubrir la verdad es que haya coincidencia en el ADN y lo que pueda conseguir por mi cuenta", añadió.

Su caso fue el primero y eso animó a muchas más familias malagueñas a denunciar para intentar esclarecer de una vez una duda que les reconcomía desde hacía décadas: saber si sus hijos o hermanos realmente murieron o no en el parto como les comunicaron los médicos y las enfermeras. Se presentaron cerca de un centenar de denuncias en los juzgados y, según explicó Agüera y la abogada de la asociación, Marina Palomo, "la mayoría han sido archivadas". Se pueden contar con los dedos de las manos los casos en los que el juez, al menos, ha pedido la exhumación de los cadáveres para comprobar, primero, si efectivamente había restos de bebé y, en segundo lugar, si correspondían a la familia denunciante. No obstante, tampoco ha habido avances ya que las pruebas de ADN practicadas parecen haberse quedado en el limbo. Agüera criticó que ya han pasado dos años de la exhumación de los restos de un bebé en Estepona "y todavía no se ha dado una respuesta a la madre". Lo mismo ha ocurrido con una exhumación en Málaga capital que tuvo lugar en febrero del año pasado, cuyos resultados se desconocen pese a que se dijo que se darían a conocer en dos meses.

Los afectados pidieron por activa y por pasiva que se creara un banco público de ADN para poder contrastar las muestras de padres y posibles hijos ya que muchas de estas familias tenían escasos recursos económicos. Ante la pasividad de las administraciones, tuvieron que pagarse las pruebas y crear un banco privado. El último revés fue el pasado viernes, cuando Aberoa pidió al fiscal jefe de Málaga que paralizara las obras en el cementerio de San Rafael porque creen que podría haber restos de bebés y que, si se construye una pirámide y un parque como está previsto, se dificultaría una posterior investigación. Agüera señaló que el fiscal se desentendió del tema. La presidenta de Aberoa afirmaó, además, que López Caballero "ni siquiera se había leído la circular que mandó en diciembre el fiscal general del Estado sobre los bebés robados".

Están "muy desilusionados" y enfadados. Piden que, si la Fiscalía o los jueces no mandan investigar sus casos, "al menos nos dejen vía libre a los afectados para que podamos entrar en los archivos e investigar porque nosotros no tenemos accesos a esos documentos". Saben que luchan contra molinos de viento, pero no se quieren dar por vencidos todavía. Aberoa ha convocado una concentración el día 4 de febrero en la Ciudad de la Justicia para reclamar que no se archiven los casos y que la Fiscalía investigue. Si sus sospechas son ciertas, ya tuvieron que sufrir el robo de sus bebés y ahora no están dispuestos a que se dé carpetazo a sus casos y caigan en el olvido.