El Defensor del Pueblo Andaluz le tira de las orejas al Ayuntamiento de Málaga por el tema del ruido. Las quejas que vecinos de la Plaza Mitjana vienen expresando desde hace más de tres años han provocado una resolución de la institución regional reclamando al Consistorio una mayor intervención para poner coto al problema. Para ello, recomienda la delimitación de este espacio como zona acústicamente saturada (ZAS) y una mayor presencia policial.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, considera "innegable" la existencia de "un grave problema de ruidos en la zona de Málaga objeto de esta queja", apuntando que en la documentación remitida durante estos años por los promotores de las denuncias se incorporaban fotografías "suficientemente ilustrativas de la aglomeración de personas en fines de semana, evidenciando los elevados niveles de ruido que han venido y vienen soportando los vecinos". Ante esta realidad, el Defensor de Pueblo Andaluz urge a la declaración de la denominada ZAS, dado que ello conllevaría la aplicación de una serie de medidas encaminadas a rebajar las emisiones acústicas en la zona. "Ofrece un marco normativo que permite adoptar medidas de diversa índole para hacer compatible el desarrollo de una actividad hostelera, el ocio de los clientes y usuarios y el derecho al descanso", exponen.

Recuerda que el Ayuntamiento "debe proteger los derechos de la ciudadanía"

Entre acciones potencialmente aplicables estarían la limitación de los espacios de terraza y los horarios de las mismas. El área de Medio Ambiente ya trabaja desde hace años en esta dirección, aunque sigue sin dar el pasado definitivo para su aprobación. A ello se suma que el planteamiento inicial de evitar medidas tan drásticas como la limitación de los horarios. Pero con independencia de la adopción o no de esta medida, la institución abunda en la necesidad de "dotarse a esta zona de una mayor presencia policial, especialmente los fines de semana, festivos y previos a festivos, a fin no solo de disuadir de comportamientos contrarios a las ordenanzas municipales, sino de levantar tantos boletines de denuncias como infracciones se detecten".

Al tiempo, el Defensor llama a favorecer "un proceso de diálogo" entre el Ayuntamiento y una representación de los vecinos afectados, con el fin de conocer de primera mano el problema, "grave a simple vista", y escuchar las medidas que puedan proponer. "Es posible encontrar puntos intermedios que permitan el desarrollo de todos los derechos en juego, con prevalencia en todo caso de aquellos que implican salud, intimidad o inviolabilidad del domicilio; esto es, con la perspectiva de proteger el descanso de quienes tienen sus domicilios en zonas saturadas", se apostilla en el escrito.

Por todo ello, incide en que el Ayuntamiento "debe proteger los derechos de la ciudadanía que tiene su domicilio en zonas con elevados índices y niveles de contaminación acústica (…) y en las que quedan desactivados muchos derechos de la ciudadanía". A modo de aclaración, añade que con esta observación no duda de la intención municipal de actuar, dada la "complejidad de la problemática", si bien precisa que la misma es provocada "única y exclusivamente por la proliferación de establecimientos autorizados por el Ayuntamiento". "Una vez conscientes del problema debe ser afrontado con todos los medios legales al alcance de esa Administración pública", sentencia.