El Ayuntamiento de Málaga, por medio de la Gerencia de Urbanismo, y la entidad GIA (perteneciente a Unicaja Banco), acaban de culminar el acuerdo que desbloquea la operación urbanística de Sánchez Blanca, donde se dibujan 3.443 viviendas (casi un millar de VPO). Conforme al mecanismo al que ambas partes han dado forma, que deberá rubricarse mediante la firma de una adenda, la empresa privada, propietaria del 82% del sector, se obliga a abonar del orden de 17 millones de euros (11,2 del principal y otros casi 6 millones de intereses); por su parte, el Consistorio acepta que la mercantil le pague con suelo los otros 14,6 millones de euros, correspondientes al 10% del aprovechamiento de la parcela.

El acuerdo fue confirmado ayer por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, tras informar de la presentación por parte de la promotora de una propuesta de adenda al convenio original. Los parámetros plasmados en el documento fueron objeto de negociación durante meses después de que los dos socios privados llegasen a demandar la anulación del convenio urbanístico, anulando de ese modo el incremento de edificabilidad autorizado y, por ende, el pago de la suma económica.

Lo que hará la modificación del convenio es ajustar las exigencias económicas que pesan sobre Unicaja y Andria, que viene incumpliendo desde hace meses el pago de la segunda parte del acuerdo, por 28 millones (a los que sumar los intereses acumulados). La otra parte del convenio, 26,7 millones sí fue aportada en su día por la dueña original de la parcela, Prasa. Con el nuevo marco diseñado, el ente municipal asume como buena la posibilidad de recuperar el 10% del aprovechamiento, que se corresponden con 34.433,88 metros cuadrados de techo. Los mismos permiten la ejecución de

Con este avance, se cumple una de las premisas marcadas por el edil del PP, que era "evitar la judicialización y garantizar los intereses de la ciudad". Un extremo que ha conseguido con el propietario mayoritario pero no con el otro socio menor, Andria Inversiones.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre se supo que esta firma llevó el conflicto con Urbanismo a la vía judicial. De manera más precisa, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución del ente municipal mediante la que se le instaba al pago de lo adeudado por el convenio de 2004. En el caso de que la promotora madrileña siga adelante con el camino emprendido, el acuerdo entre Unicaja y el Ayuntamiento se podría ver perjudicado, así como el desarrollo de la parcela.