Más de un tercio de los fondos con los que la Diputación provincial de Málaga ha dotado su última herramienta de inversión en los municipios, el Plan de Inversiones Productivas, queda reservado para las siete grandes ciudades: Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Fuengirola, Torremolinos, Estepona y Mijas. Localidades todas ellas con alcaldes del Partido Popular al frente, misma formación que la que dirige el timón de la institución provincial desde principios de mandato.

En concreto, de los 25 millones de euros destinados a este programa (incluyendo el millón destinado a Málaga capital), 8,8 millones se consignan para estos municipios, lo que supone el 35% del global. Así consta en el documento que recoge los criterios que han de cumplir los ayuntamientos de estos y de las 93 localidades restantes para beneficiarse de estos fondos.

Núcleos que, supuestamente, quedan fuera del ámbito de acción preferente de una institución concebida, fundamentalmente, para el apoyo de las localidades menores. Así al menos se reflejaba en la Ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su Territorio de 1987, vigente hasta julio de 2010. En la misma, se señalan las competencias de las instituciones provinciales "en torno a la solidaridad intermunicipal en el ámbito provincial; se prevé la cobertura de insuficiencias y deficiencias de las entidades locales, preferentemente con población inferior a 20.000 habitantes".

El análisis del citado informe, publicado el pasado martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, permite además ampliar los fondos que no tienen como destinatarios los pueblos más pequeños, dado que sumando a estas ocho grandes áreas urbanas los otros siete municipios con más de 20.000 habitantes, la proporción se dispara a casi el 55% del montante global, con algo más de 13,7 millones de euros. Frente a esta opción, el equipo de gobierno del PP deja en manos de los ayuntamientos menores un total de 11,2 millones de euros, a repartir entre 85 corporaciones locales, con cifras de habitantes que oscilan entre menos de 500 y los 20.000.

Desde el Ejecutivo encabezado por Elías Bendodo, también presidente del PP en la provincia, se subraya que la repartición se ha realizado en función de los habitantes, si bien beneficiando la cuantía asignada a cada vecino conforme menor es el municipio. Así, por ejemplo, un pueblo con menos de 500 vecinos percibirá por cada uno de ellos una media de 130 euros. La proporción va descendiendo conforme aumenta el tamaño de la localidad, de tal modo que para aquellos con entre 501 y 1.000 habitantes la media es de 75 euros; en el otro extremo, en los casos de localidades de más de 20.000 personas, la consignación baja a los 15,15 euros.

Aunque no en todos los casos. Una de las anomalías existente en el informe publicado en el BOP era la ausencia de Málaga capital en el listado de municipios. Realizada la pertinente consulta, desde la institución supramunicipal aclararon que el Ayuntamiento de la ciudad también se beneficia del plan de inversiones, en este caso con el prometido millón de euros para participar en las obras de construcción del parque del antiguo Campamento Benítez.

De acuerdo con este detalle, con el que se concreta el ofrecimiento asumido por Bendodo semanas atrás ante la petición del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, la proporción por cada vecino de la ciudad es de apenas 1,75 euros, frente a los 15,1 euros que reciben los marbellíes. De hecho, Marbella es la localidad que en números redondos más dinero recibe de la institución, con 2.152.000 euros, seguida de Mijas, con 1.297.098 euros y Fuengirola, con 1.172.798 euros. De haber mantenido el dato por habitante la capital de la Costa del Sol debería tener a su disposición más de 8,6 millones.

Tras la publicación de los criterios, los municipios pueden empezar a presentar sus proyectos con el objetivo de que reciban el dinero lo antes posible e iniciar las actuaciones. Según la planificación de la Diputación, la vida útil de las inversiones no debe ser inferior a cinco años y los municipios deben cumplir con una serie de requisitos básicos, como estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que los municipios no cumplan con la ley de estabilidad presupuestaria, las inversiones no podrán conllevar gastos de mantenimiento.

Los ayuntamientos deberán ejecutar las actuaciones financieramente sostenibles que propongan hasta el 30 de junio de 2015 y recibirán el 70% por anticipado, en 2014, tras la presentación del proyecto, mientras que el 30% restante será abonado de manera inmediata cuando se justifique su ejecución. Se podrán impulsar proyectos relacionados con el saneamiento o abastecimiento de aguas, la recogida o tratamiento de residuos, alumbrado, comercio, parques y jardines, turismo, carreteras o tráfico, entre otras materias, pero no se podrá comprar mobiliario, enseres o vehículos, salvo que se destinen a la prestación de un servicio público de transporte.

El reparto de los fondos de la institución supramunicipal es objeto de controversia y confrontación desde el inicio del mandato. De hecho, a ello se vienen agarrando los grupos de la oposición. Ejemplo de ello es que meses atrás el PSOE dio a conocer un informe propio según el cual el 70% de las subvenciones directas otorgadas por el ente gobernado por Bendodo iban a parar a municipios de más de 25.000 habitantes, todos ellos gobernados por el PP. Frente a esta denuncia, a los pocos días el presidente provincial contraatacó informando de que las transferencias realizadas a lo largo de 2013 fueron masivamente para localidades menores. Así, indicó que éstas obtuvieron 58,8 millones de euros, el 75% del total, frente a 13,8 millones para las localidades mayores.