El consejero de Educación, Javier Imbroda, presentó ayer al Consejo de Gobierno un informe sobre la modificación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo principal de “facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, acorde con las características y el proyecto educativo del mismo y adaptado a sus necesidades y preferencias”.

Se trata de procurar que las familias andaluzas “puedan llevar a sus hijos al centro educativo al que les dé la gana, sea público, privado o concertado, donde quieran”, resumió el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, en respuesta de esta iniciativa del Gobierno andaluza, dijo que la propuesta de eliminar las zonas de escolarización supone la “demolición” de los centros como espacios de integración social y es un subterfugio para promocionar a la educación privada.

El dirigente izquierdista considera esto es el inicio de “la hoja de ruta confesada” del Gobierno de las derechas para “la promoción de la escuela privada por encima de la pública”. Se trata, a su juicio, de un plan “absolutamente negativo que debe contar con el rechazo de la comunidad escolar”. Maíllo defendió los centros educativos como “espacios de encuentro social”.