La Fiscalía de Sevilla investiga la denuncia de un particular según la cual la Junta de Andalucía estaría renovando concesiones de chiringuitos sin sacarlas a concurso público, incumpliendo un fallo del Tribunal Supremo de 2016 que anuló la preferencia que daba el Reglamento de Costas al adjudicatario previo. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía ha admitido a trámite dicha denuncia y ha abierto diligencias de investigación. La cuestión tiene especial relevancia para el sector de la provincia, donde en el momento en que se produjo el fallo del Alto Tribunal se contaban del orden de 170 concesiones de establecimientos de playa pendientes de renovación.

La denuncia señala que "no se han convocado concursos públicos" de chiringuitos con la licencia de concesión expirada "ni se han publicitado para que cualquier ciudadano, ya sea empresario o emprendedor, tenga la posibilidad de acceder a esas concesiones". "La Junta de Andalucía ha seguido presuntamente renovando las concesiones que ya habían expirando, no sacándolas a concurso público", según sostiene en su escrito a la Fiscalía el denunciante, Antonio López.

Además, López añade que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) no se ha publicado ninguna convocatoria pero sí la tramitación de solicitudes presentadas por empresarios de chiringuitos que tenían la concesión caducada directamente o a través de "sociedades limitadas", así como solicitudes presentadas por "hijos" de adjudicatarios fallecidos. Para López, son "renovaciones encubiertas" que vulneran la sentencia del Supremo, que anuló una disposición transitoria del Reglamento de Costas de 2014 que desarrollaba la Ley de Costas de 2013, ambas normativas estatales.

El Reglamento fijó que los responsables de chiringuitos que a la entrada en vigor de la Ley de Costas tuvieran la concesión caducada o la estuvieran tramitando, si tenían el establecimiento abierto, tendrían "preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento".

El Supremo, tras la denuncia de un particular, anuló esa "preferencia" por considerar que la misma daba a los anteriores explotadores de los chiringuitos "una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato" a la hora de acceder a la nueva concesión. Esta sentencia, emitida además en julio de 2016 en plena temporada estival, provocó en su momento gran incertidumbre entre los empresarios del sector, lo que provocó reuniones con la Consejería de Medio Ambiente, que prometió "buscar fórmulas" para no ralentizar las concesiones y regularizar su situación.

Según el denunciante, se están renovando de forma encubierta concesiones que tenían que haberse sacado a concurso, dando un "trato de favor" a los empresarios que los venían explotando y "ocultando" información a otros posibles interesados en solicitar la adjudicación de un chiringuito cuya licencia hubiera expirado.