Parque y sólo parque. Este es el uso exclusivo que podrán tener ahora y siempre los terrenos del antiguo campamento Benítez conforme al acuerdo de cesión firmado ayer por el alcalde, Francisco de la Torre, y el delegado de Economía y Hacienda en Málaga, José María Rodríguez Abela. La transacción rubricada por las dos partes implicadas en este histórico contencioso condiciona de forma clara el destino que la ciudad puede dar a estas 28 hectáreas de suelo, lo que rebaja sensiblemente el compromiso de entrega de la propiedad, conforme a lo que dirigentes municipales y del PP vienen trasladando desde hace meses.

La realidad es otra. Desde el punto de vista legal lo que recibe el Ayuntamiento es el uso de la pastilla únicamente para poder destinarla a zona verde, impidiendo cualquier otra consideración. Incluso, en el acta se apostilla textualmente que debe ser para albergar un parque "metropolitano", categoría de implicación a la Junta de Andalucía, tanto en cuanto debería asumir los costes de gestión y mantenimiento de la futura zona verde, algo a lo que hasta la fecha se ha negado.

En este sentido, a pesar de que formó parte de su ideario durante años, el regidor no tiene capacidad para desarrollar otro proyecto, caso de un oceanográfico. Incluso, según desveló el mismo en las horas previas a la visita que realizó al antiguo asentamiento militar junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, la opción de fijar un pequeño restaurante en el interior del futuro parque, a modo de atractivo para los usuarios del mismo, debe disponer del visto bueno del departamento estatal. Es el Gobierno, por ende, el que tutela cualquier acción sobre el terreno.

El marco de tutela queda claramente reflejado en el documento de cesión. En su punto segundo, se incide en que se trata de una parcela "intransmisible", conforme a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, al tiempo que se precisa, en su apartado segundo: "Tampoco podrá el cesionario otorgar sobre el mismo ninguna concesión o cualquier tipo de derecho por el que se atribuya a terceros el uso privativo o el derecho de explotación por parte o de la totalidad del inmueble". Sobre ello, el regidor llegó a hablar de cambiar el acta en caso de apostarse por un uso de ese tipo.

El cuarto precepto del acta oficial constata una salvaguarda más que evidente por parte de la Administración central, al indicar que si se incumplen las limitaciones establecidas o el bien no fuera dedicado de forma permanente al uso previsto "se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Administración General del Estado, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización". Incluso, el Gobierno tendría derecho a recibir del Ayuntamiento, "previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por el mismo".

Otro detalle que constata la vigilancia por parte del Gobierno es que el Ayuntamiento está obligado a remitir a la Delegación de Economía y Hacienda "a los tres años" contados desde la firma de la cesión gratuita la documentación que acredite el destino del bien cedido, trámite que se habrá de repetir a partir de ese primer hito cada cinco años.

A pesar de estos condicionantes, a los que se agrega la necesidad de ceder 5.000 metros cuadrados de la parcela para no afectar al futuro desarrollo del carril bus-VAO entre Málaga y Torremolinos, De la Torre insistía ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento es "propietario" del suelo. Si bien, acto seguido, admitió que no tiene posibilidad alguna de hacer otra cosa que no sea un parque.

Frente a estas limitaciones, el acto celebrado ayer en el Benítez estuvo marcado por la trascendencia que el Ayuntamiento dio a este paso, al punto de que el alcalde habló de que con el mismo se da cumplimiento "a un sueño de la ciudad y de muchos malagueños". En esta misma línea, la ministra de Fomento dijo que con la firma del acta se da respuesta a lo que ella misma comprometió a principios de 2012, cuando aseguró que el terreno volvería a la ciudad.

Sin embargo, hizo una precisión significativa en los términos en los que se produce la entrega del Benítez. A diferencia del regidor, Pastor fue clara al incluir en la ecuación el que el Ayuntamiento pase a asumir el coste de explotación de casi 40 kilómetros de vías urbanas antes del Gobierno. "Con este traspaso se permite equilibrar económicamente a ambas partes, porque es lo que requerían los servicios jurídicos y se resuelven los reparos de estos servicios jurídicos y de la intervención", aclaró.

La visita al Benítez contó con la asistencia de siete integrantes del equipo de gobierno del PP, a los que se sumó María Gámez, portavoz del PSOE en la Casona del Parque, así como representantes del Gobierno central, y el presidente de la Diputación provincial, Elías Bendodo. No se observó presencia de la Junta de Andalucía, a la que el Ayuntamiento reclama colaboración económica en el proyecto.