El Obispado de Málaga afronta con "tranquilidad" las intenciones del Gobierno central de reclamar a la Iglesia las propiedades públicas que, en el periodo comprendido entre 1998 y 2017, hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad. Los responsables diocesanos alegan que hasta el momento "se ha procedido siempre conforme a la legalidad" en esta materia según la Ley Hipotecaria de finales del siglo pasado. El primer Gobierno de José María Aznar permitió la inmatriculación de bienes a través de una nueva fórmula que simplificaba el procedimiento, considerado "una cuestión meramente práctica y burocrática" por la Conferencia Episcopal.

La Iglesia Católica consiguió ya en 1946 la vía express para poder registrar a su nombre los edificios donde se realizasen actividades relacionadas con su credo. La Conferencia Episcopal destaca que "solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias". En 1998 se promulgó una nueva ley para el registro de estos inmuebles. Sin embargo, la polémica a nivel nacional que asociaciones y movimientos políticos reclaman radica en la inclusión de espacios públicos o de diversa consideración como la Mezquita de Córdoba.

En el caso malagueño, el grupo municipal Málaga Ahora exigió en 2017 al equipo de gobierno del Ayuntamiento que reclamase los bienes inmatriculados por el Obispado en 2011, entre los que se encontraban la Catedral, con 7.298 metros cuadrados construidos; la explanada de las Cadenas, con 593; el patio de la iglesia del Sagrario (1.224), la escalinata de acceso al primer templo (653) o sus jardines.

Precisamente este espacio generó controversia entre las filas de la formación morada. El mantenimiento de los 415 metros cuadrados que ocupan los jardines de la Catedral, ubicados entre el templo y las calles Císter y Cañón, depende del Ayuntamiento, según Málaga Ahora. El partido pidió un listado de todos los inmuebles inmatriculados por la iglesia diocesana "con el visto bueno del equipo de gobierno".

A este respecto, fuentes diocesanas responden a Málaga Ahora señalando que los registradores de la propiedad tienen, entre otras misiones, la de "velar por la legalidad de las operaciones que tienen acceso al Registro. Dudar de esto sería dudar de la forma de actuar y de aplicar la Ley de todo este colectivo con un prestigio secular en nuestro país".

A ello se une el plan director de la Catedral, con el que el obispo Jesús Catalá pretende culminar la construcción del edificio, cuyas obras se encuentran detenidas desde finales del siglo XVIII. En el terreno que ocupan actualmente los jardines está proyectada la construcción de la sacristía, dado que actualmente el primer templo adolece de ella. Los planos originales sitúan la nueva obra junto al Patio de los Naranjos, que quedaría enmarcado entre este espacio y la parroquia del Sagrario. De esta forma, la construcción se realizaría en terrenos propiedad del Obispado.

Por otra parte, organizaciones laicistas denunciaron en 2013 que el Obispado había inmatriculado a su nombre las antiguas dependencias del Museo Diocesano de Arte Sacro, que había sido reformado por el Ayuntamiento seis años antes y en el que invirtió 1.145.000 euros. Las dependencias permanecían entonces cerradas desde 2010 y, con la creación del espacio Ars Málaga en el Palacio Episcopal y la salida de las monjas cistercienses del convento donde se encontraba la colección de arte, las piezas acabaron trasladándose hasta la plaza del Obispo.

Actualmente, el Obispado se encuentra realizando obras en estas dependencias, que se destinarán al Centro de Estudios Teológicos San Pablo y otras dependencias de la administración diocesana.

"La inmatriculación de bienes eclesiásticos sirve, entre otras cosas, para dar seguridad jurídica y protección a los bienes frente a injerencias de terceros que los puedan invadir o perjudicar, con lo que se cumple el deber de protección de los mismos, que exige la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía", destacan los responsables diocesanos en Málaga. Los edificios y espacios registrados son aquellos construidos con anterioridad a la existencia del Registro de la Propiedad, creado en 1861, ya que carecían de título de dominio y que, por tanto, "no afecta a la totalidad de los bienes de la Iglesia".

Otro de los aspectos por los que existe tranquilidad en el Obispado se proyecta con la garantía de derechos sobre las propiedades que posee la iglesia en Málaga. Hasta la fecha, indican, no existe ninguna reclamación sobre los bienes inmatriculados. El procedimiento seguido ha permitido, por ello, "dar seguridad jurídica y protección a los bienes frente a injerencias de terceros que los puedan invadir o perjudicar, con lo que se cumple el deber de protección de los mismos, que exige la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía".

El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, mantiene su intención de reclamar a la Iglesia católica cuantos bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público. El Ejecutivo anunció esta medida en el Congreso de los Diputados en una respuesta escrita a una pregunta del diputado Antonio Hurtado, quien explicó que hay 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en todo el territorio nacional. Tras la elaboración del listado de los bienes que realiza actualmente el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica" desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Obispado recuerda que hasta 1998 no era necesaria la inscripción de los inmuebles por parte del Estado ni de la curia. Las razones eran, según la Diócesis, diversas: "en primer lugar, porque era por todos conocido el titular dominical de esos bienes, con notoriedad de hecho; en segundo lugar, y con relación a los bienes de la Iglesia, la mayoría de estos inmuebles eran templos destinados al culto, por lo que estaban fuera del comercio. Y lo más importante, la propia legislación hipotecaria no permitía su inscripción". Esta circunstancia es, por tanto, garantía para la Iglesia malagueña.

Los jardines de la

Catedral desde

la calle Císter.