En solo unos días, Isabel Pantoja tendrá que volver a sentarse en el banquillo en Málaga. La tonadillera, que ya tuvo que pasar por prisión al ser condenada por blanqueo de capitales en el caso Malaya, está llamada a declarar el próximo martes 22 de marzo en el Juzgado de lo penal número 5 de Málaga por un posible delito de insolvencia punible, algo por lo que se enfrenta a una petición fiscal de hasta tres años de cárcel.

En concreto, se la juzgará por un presunto delito de insolvencia punible que su sociedad, Panríver, habría cometido por la venta de la casa de La Pera (Marbella) en el año 2015. Además de la pena de tres años de cárcel que solicita la Fiscalía, la tonadillera podría ser condenada al pago de una multa de 11.000 euros (a razón de 20 euros al día durante 18 meses), que se unen a los 114.000 euros en concepto de indemnización que pide la empresa querellante, Hormofer.

Según distintas revistas y programas, Isabel Pantona estaría intentando evitar el juicio por todos los medios. De hecho, la tonadillera ha dado orden a sus abogados y su hermano Agustín para que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo extrajudicial con los demandantes, algo que según apuntan, estaría muy lejos de suceder.

Algunas publicaciones aseguran que la última estrategia de la cantante, "desesperada" por evitar un nuevo paseillo a los juzgados malagueños, está consistiendo en aludir a problemas de salud, aportando informes médicos y psicológicos.

La venta de una casa en Marbella

Los hechos por los que ahora se juzgará a Isabel Pantoja se remontan a cuando la tonadillera era administradora única de la sociedad Panriver 56 S.L. y supuestamente contrajo una deuda relacionada con su casa de Marbella con la empresa constructora Codabe.

Esta empresa constructora a su vez tenía otra deuda con la promotora Hormofer por un montante mayor y los juzgados estimaron que la deuda que tenía la artista debía pagarse a la otra sociedad.

A la vista de que Codabe tenía embargado su crédito y que Panriver estaba interesada en la venta de unos inmuebles (para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos) "los acusados se concertaron para beneficiarse mutuamente en perjuicio de los derechos de créditos de Homofer S.L., de los que tenían pleno conocimiento"

Así mediante escritura pública de 25 de marzo de 2015, fecha en la que la cantante estaba en prisión, la sociedad de Pantoja y Codabe elevaron a público un acuerdo consistente en el pago por parte de Panriver de 62.759,10 euros mediante cheque entregado en ese acto, renunciando la constructora a cualquier reclamación frente a la empresa de Pantoja.

A continuación Codabe y Panriver conjuntamente solicitaron del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid el archivo del procedimiento de ejecución y cancelación del embargo, impidiendo así que Hormofer cobrara la cantidad por la que se había despachado ejecución de 114.108 euros así como la realización de las fincas embargadas.