El fracaso del plan con el que la Junta de Andalucía pretendía recuperar la zona de los arrabales del centro histórico de Málaga vuelve a quedar de manifiesto. Y lo hace por partida doble. Primero, porque casi ocho años después de que la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, firmase con el Ayuntamiento de la capital el convenio para invertir del orden de 100 millones de euros en este entorno, incluyendo la construcción de las bautizadas como tecnocasas, buena parte de los propietarios privados que fueron expropiados para el desarrollo de esta intervención siguen sin cobrar ante la incapacidad económica de la Administración regional. Un extremo que, según fuentes municipales, se traduce en unos 5,6 millones de euros.

Y segundo, porque los actuales responsables de la Consejería de Fomento, han puesto sobre la mesa del Consistorio la necesidad de revisar de manera profunda el acuerdo original, tras haber detectado "incumplimientos" por parte municipal sobre algunos de los solares enajenados. El argumento que exponen desde el departamento autonómico estriba en que el equipo de gobierno del PP, en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), ha cambiado la calificación de algunas de estas fincas, pasando de autorizar inicialmente la ejecución de VPO a ser pintadas como zona verde o equipamiento. Incluso, añaden, se prevé la apertura de calles sobre solares también comprados en el marco del convenio o rebajan la edificabilidad de otros.

Ejemplo de ello es lo ocurrido con tres fincas situadas en la calle Picacho, en las proximidades del Monte Gibralfaro, y cuya calificación pasó de residencial, en el momento en que fueron adquiridas, a zona verde en el nuevo planeamiento de la capital de la Costa del Sol. Sobre ello, las fuentes municipales admitieron que la Junta ha de ser compensada por la variación producida.

En este escenario de evidentes discrepancias, las dos partes parece que se volverán a ver las caras en el plazo de un par de semanas, cita en la que, según las fuentes autonómicas, se dejará claro que "o bien se logra un acuerdo para aclarar este tema o el asunto se verá en los tribunales". "Queremos hacer una revisión amplia después de que los técnicos hayan analizado el contenido del convenio y la situación de algunas fincas", añadieron las fuentes. Y todo ello e agrava en el momento en que el Ayuntamiento le ha remitido una liquidación por expropiaciones ascendente a 8 millones de euros, cifra que el ente autonómico rebaja a 2 millones.

Los datos conocidos por Málaga Hoy de fuentes municipales indican que de los más de 6.700 metros cuadrados que iban a ser enajenados para la construcción de viviendas a precio asequible y equipamientos (un total de 72 fincas) quedan aún por pagar a los propietarios de 3.464 metros cuadrados, cuya adquisición fue tasada en algo más de 5,6 millones de euros. Una cuantía que representa poco menos de la mitad del valor global de las expropiaciones incluidas en el convenio después de que se abonasen 5,7 millones.

Al tiempo, Fomento tiene previsto plantear al Ayuntamiento la devolución de las cerca de 40 fincas que eran de titularidad municipal y que, bien mediante permuta con otros suelos autonómicos (sobre todo localizados en la zona de la Trinidad) bien mediante compra a precio bajo recibió EPSA para materializar promociones residenciales. Según el acuerdo original, la Junta recibía de la Administración local, previa cesión onerosa, una veintena de fincas, la mayoría en el entorno de la calle Lagunillas, y por permuta, otra veintena. Mientras, EPSA entregó al Consistorio una treintena de solares, sobre todo en la Trinidad. Con este cambio, buscaría recuperar parte del dinero ya empleado en la operación.

A todo ello se suma la situación de indefensión de los dueños de los inmuebles y solares enajenados por la Administración regional, a los que se impidió desarrollar, en algunos casos, de proyectos residenciales particulares. El impago de las cantidades fijadas por la Comisión Provincial de Valoraciones se alarga, en estos supuestos, desde hace varios años. De hecho, según admiten en la Consejería, el último de los abonos realizados se produjo hace del orden de dos años.

Según fuentes de ambas administraciones, este asunto fue tratado en una reunión hace algunas semanas, a la que, entre otros, asistió el responsable regional de la empresa del suelo andaluza. Un alto cargo autonómico que, según varias fuentes, llegó a referirse a las tecnocasas, actuación estrella del plan de la Junta, como "viviendas para pijos".