La Junta irá a los tribunales para invalidar el plan de las 'tecnocasas'

El plan de las tecnocasas acabará, previsiblemente, en los tribunales. La negativa acordada ayer por el Ayuntamiento de Málaga a aceptar la petición de la Consejería de Fomento para revisar de oficio las expropiaciones de fincas necesarias para el desarrollo de esta iniciativa, objeto de un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones en agosto de 2005, va a llevar a la Administración regional a poner el asunto en manos del juez, para que sea éste el que determine a quién ampara la razón.

Así lo expuso ayer el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Manuel García, quien considera argumentada la reclamación que hace su departamento, al entender que buena parte del contenido del acuerdo original, que proyectaba la construcción de varios cientos de viviendas sociales destinadas a jóvenes profesionales, ha sido incumplido por el Consistorio. ¿Cómo? Según el responsable autonómico realizando cambios en el planeamiento que hacen inviable la construcción de pisos sociales en buena parte de las fincas inicialmente contempladas. Alude con ello a que, por ejemplo, se han enajenado suelos a precio de residencial libre cuando estaban contemplados para VPO y parcelas a las que, posteriormente, se ha rebajado la edificabilidad o se ha cambiado el uso.

"Lo ideal sería que pudiésemos sentarnos y ver con el Ayuntamiento caso a caso, solar por solar, y a partir de ahí ver a quién corresponde la compra de ese suelo", explicó García, quien informó de que el pago de las expropiaciones ya realizadas y pendientes de abono "queda supeditado a este acuerdo, porque buena parte de esas expropiaciones está afectada por no ser viables técnica y económica; creemos que parte de esas enajenaciones tienen que ser asumidas por el Ayuntamiento".

La diferencia entre las dos partes es manifiesto. Mientras el Consistorio le reclama a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de Fomento, el pago de unos 7 millones por la adquisición de suelos, la Junta sólo reconoce un montante próximo a los 2 millones de euros. Y, a pesar de los encuentros mantenidos en los últimos meses, el acercamiento entre ambas administraciones es nulo.

El último paso lo dio ayer el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo en una sesión extraordinaria. En la misma, con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE e IU, el organismo municipal rechazó la petición de anular el desarrollo del plan de las tecnocasas. El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, dijo que el Ayuntamiento no permitirá que la Junta "quiera romper un convenio que fue consensuado y que comprende dotar de nuevas viviendas de protección a la ciudad". Por ello, insistió en que la posición municipal es del "diálogo" y la "negociación" para que la iniciativa salga adelante.

La decisión adoptada da respuesta a un escrito de finales de abril enviado por EPSA en el que solicitaba que declarara nulos los acuerdos del Consejo de Administración; acuerdos que se habían tomado para desarrollar y poder materializar el convenio de 2005. Asimismo, pedía la suspensión del emplazamiento efectuado para que aportase las cantidades adeudadas por las expropiaciones, que, cabe recordar, ascienden a aproximadamente 7,3 millones de euros.

A pesar de no apoyar la tesis del PP, el portavoz de IU (formación que gestiona la Consejería de Fomento), Eduardo Zorrilla, sí avaló que la Junta pague a los expropiados en el marco de este plan, al tiempo que llamó a las dos administraciones a sentarse y analizar caso por caso.