Hace algo más de dos meses, pocas personas ajenas al ámbito jurídico sabían de las funciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), conocidos antiguamente secretarios judiciales. Si bien, los numerosos perjuicios que ha causado en la ciudadanía su huelga ha mostrado que de ellos depende el funcionamiento normal de la oficina judicial –juzgados, tribunales y registros civiles–.

65 son los días totales que los letrados judiciales han permanecido en paro con el objetivo de reclamar mejoras retributivas y laborales. El pasado martes, estos altos funcionarios alcanzaron por fin un acuerdo con el Ministerio de Justicia, abriendo así una puerta a la normalidad. Pero, el camino no será corto ni rápido. Así lo aseguran la mayoría de profesionales, quienes estiman que la recuperación podría demorarse, como mínimo, ocho meses.

Solo en la provincia de Málaga, 6.070 juicios y vistas fueron suspendidos, así como otros 3.220 procedimientos. Poco más de siete millones de euros también fueron paralizados en las cuentas de consignaciones de los tribunales paralizando embargos, desahucios y remociones de depósitos, entre otras actuaciones. En definitiva, una barbaridad de trabajo acumulado que se suma a la saturación endémica de los órganos judiciales.

La delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) en la provincia, María Lourdes Vallecillo, apuesta porque “el año no nos lo quita nadie” para alcanzar la normalidad previa a la huelga. No obstante, apunta que “depende de la jurisdicción de cada juzgado”, pues “en Penal ha habido  menos suspensiones ya que muchas de ellas se han seguido llevando a cabo al ser consideradas servicios mínimos”. Por el contrario, ha pronosticado que serán los juzgados de Primera Instancia los que más tardarán en recuperarse “por la cantidad de asuntos y suspensiones”.

Por su parte, el secretario judicial provincial de Málaga, Francisco Javier Izquierdo, hace una estimación parecida: entre ocho meses y un año. Del mismo modo, lo predecía en plena huelga el letrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, Antonio Sáenz: “Cada mes de huelga costará tres o cuatro de recuperación”.

Pese a que Vallecillo señala que “algunos compañeros querían continuar con la huelga”, se ha desconvocado en “un gesto de responsabilidad porque veíamos que la situación se estaba desbordando”. No obstante, destaca que los acuerdos a los que se han llegado no son los que se establecieron en abril de 2022. Por tanto, define la situación actual como “agridulce”.

Una de las principales reivindicaciones de los letrados judiciales era percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que habría supuesto un incremento de 600 euros mensuales. Finalmente, el comité de huelga  cedió y aceptó una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una que se pagará en julio de 2023 con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024.

Al parecer, los letrados de justicia empezarán a percibir el aumento salarial cuando se modifiquen los dos reales decretos que regulan las retribuciones de estos funcionarios. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se prevé que sea en julio.

Cabe recordar que, durante la huelga, la titular del Ministerio, Pilar Llop, enumeró las medidas adoptadas en el último año en favor de los LAJ –incluida una subida de hasta el 14%– y pidió al comité de huelga que se alejara de posturas “maximalistas y que presentara propuestas “realistas”. El secretario de Estado llegó a decir que era una huelga “política” que no perseguía ninguna reivindicación salarial e incidió en que ya cobraban entre 40.000 y 60.000 euros al año.

Funcionarios de Justicia anuncian paros el próximo 17 de abril

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG han convocado una huelga indefinida a partir del 17 de abril para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia para exigir una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que su Ministerio seguirá "dialogando" con los sindicatos de funcionarios de cara al calendario de paros que empezará el próximo 17 de abril para conocer las reivindicaciones del sector. 

Preguntada por esta cuestión, Llop ha recordado el diálogo "hasta la extenuación" que llevó a cabo su equipo con los letrados de la administración de Justicia hasta finalmente llegar a un acuerdo, tras "más de treinta reuniones" y "horas y horas de diálogo". 

"Finalmente se ha llegado a un acuerdo, ha habido un punto de encuentro y se ha llegado a este acuerdo porque de lo que tenemos que ser conscientes es que no se puede producir un perjuicio al ciudadano o un perjuicio al servicio público de Justicia, que era lo que se estaba produciendo", ha comentado la ministra. 

Esto lo que ha producido ha sido, al parecer, una reivindicación ahora por parte de los funcionarios y funcionarias de la administración de Justicia, de los sindicatos, con quienes nosotros también dialogamos y negociamos", ha relatado. 

"Seguiremos dialogando y vamos a ver qué es lo que ahora piden los funcionarios", ha explicado Llop, antes de reclamar su parte de responsabilidad a las comunidades autónomas con competencias en Justicia. 

Ha precisado que el Gobierno mantendrá estos diálogos en las cinco comunidades autónomas que gestiona el Ministerio pero que, "si esta huelga va a ser nacional", el resto de autonomías tendrá que "asumir su papel en todo esto", ya que son las que gestionan a los funcionarios.