Diez años de instrucción, 24 tomos y cuatro acusados, todas ellos en libertad a la espera del juicio ante un jurado popular que se celebrará a mediados de septiembre. Uno de ellos es el ex marido de la víctima, Manuel Alonso, “como autor intelectual o mediato por inducción y cooperación necesaria”. Una segunda persona está investigada como “autor directo del asesinato”, mientras que a las otras dos, que son guardias civiles, también se les enjuiciará “por inducción o cooperación necesaria del delito”.

El caso de la muerte de Lucía Garrido –cuyo cadáver apareció flotando en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre con golpes y un corte en la yugular– comienza a ver la luz pese a los enredos e interrogantes que lo han acompañado desde su inicio. Tras dictarse un auto de archivo que al recurrirse no prosperó, será ahora cuando el ex marido de la víctima se siente en el banquillo de los acusados junto con otros tres individuos. Comparecerá como acusado pese a que la Fiscalía llegó a retirarle los cargos e incluso pidió su sobreseimiento, a diferencia de la Audiencia Provincial, que dictaminó que existían hasta 13 indicios de su presunta participación en el asesinato y de que los supuestos malos tratos que Lucía sufrió no habían prescrito.

Han pasado ya 11 años desde que su cuerpo sin vida fuera hallado en la piscina de su casa. La autopsia arrojó que la muerte había sido violenta. Desde entonces, su hermana Rosa ha encabezado una lucha titánica encaminada a conseguir que los culpables sean condenados a una pena justa. “No voy a tirar la toalla, aunque los que nos tienen que defender no lo hacen. Las cosas se hicieron mal desde el principio y daban por hecho que esto no se iba a investigar porque éramos una familia sin recursos”, aseguraba en una entrevista a este periódico el año pasado.

Convencida de que el caso estaba rodeado “de mucha basura a alta escala”, creía estar enfrentándose no solo a una “organización criminal sino también a una mafia policial”. “No voy contra la institución de la Guardia Civil. Reconozco que ha habido héroes que se han jugado su vida, pero deben limpiar las manzanas podridas”, insistía.

La muerte de Lucía Garrido no es la única a la que, presuntamente, ha estado vinculada su ex pareja, que también fue investigado por el crimen de dos ciudadanos colombianos en la finca Los Naranjos la noche en la que, supuestamente, entraron a robar. El presunto autor defendió que actuó en defensa propia. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga revocó un auto previo que ordenaba cerrar el caso sin ningún procesamiento. Tres asesinatos en un mismo escenario, con un solo año de diferencia y con un protagonista involucrado al que la Justicia sentará en el banquillo a mediados de septiembre. Todo ello en medio de un enrevesado asunto de relaciones de dudosa legalidad que ha salpicado a agentes y mandos del Instituto Armado.

Su caso había pasado por las manos de cinco jueces que cambiaron de destino

El teniente encargado de investigar tanto el crimen de los colombianos como el de Lucía Garrido fue condenado a diez años de prisión y estaba acusado de formar parte de una trama vinculada al narcotráfico, con la que también se relacionaba a Manuel Alonso, que se enfrentaba a tres años y que, además, llegó a cumplir cinco meses de prisión “por impago de la pensión alimentaria”. El caso de los supuestos asaltantes llegó a cerrarse sin juicio, el mismo guión que se había producido con el asesinato de Lucía. Pero un informe remitido en 2015 por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil reflejaba la posible relación entre los tres asesinatos y agentes del Cuerpo. Los datos de la investigación, además de suponer un vuelco sobre la muerte de los dos extranjeros, “arrojarían más sentido al móvil del crimen de Lucía”, según recogía el documento. Los investigadores apuntaban a que en la planificación del asesinato “pudo igualmente existir la presencia de uno o varios agentes directamente vinculados al tráfico de drogas”.

La vinculación apuntada por Servicios Internos se refería a que la finca de Los Naranjos “pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de armas y/o drogas”. Tanto es así que la unidad señalaba en su informe que “se infiere que la misma pudiera ser permanentemente utilizada como guardería (almacén) de estupefacientes por parte de ciertas organizaciones criminales”. Unos hechos de los que Lucía “era testigo directo, lo que lo convierte en motivo suficiente para que representara una amenaza”.

Rosa Garrido aseguraba que su hermana nunca supo la “clase de mafioso con el que estaba”, aunque sí tenía ciertas sospechas de sus negocios. La pareja había decidido separarse un año antes. “Ella estaba muy en contra de las drogas, no quería eso para su hija –que tenía 10 años–. Puede que la quitaran de en medio porque sabía más de la cuenta. Eso siempre va a ser una incógnita”, se lamentaba, al tiempo que se mostraba convencida de que Manuel Alonso se “fabricó una coartada” la noche del crimen, “dejándose grabar en varias estaciones de servicio”.

En estos 11 años, la investigación del asesinato de Lucía ha pasado ya por las manos de hasta cinco jueces que han cambiado de destino. “Esto es una patata caliente que a todos le quema”, remachabaRosa, que entendía que no solo “no hay interés” en esclarecer la muerte de su hermana sino que, además, ha tenido que soportar “palos en las ruedas”. Solo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) le está brindando suficiente apoyo y ha sido clave, reconoce, para la reapertura. Uno de los últimos investigados en salir de prisión, el pasado 13 de marzo de 2018, fue A. V., que fue arrestado en Fuengirola como presunto autor material de la muerte de Lucía. Su familia mantenía que no hay “ninguna prueba incriminatoria para haber estado dos años en prisión”. En palabras de Rosa, “la verdad es tan poderosa que siempre sale a flote”. “Si no lo intentamos, no lo sabremos nunca. Por eso no abandonamos la lucha, pero esto es muy achicharrante”, sentencia.