El espacio que ahora mismo comparten VTC y taxis en las ciudades para facilitar la movilidad de los ciudadanos se ha desplazado del Palacio de San Telmo, en Sevilla, donde se negocia la regulación de los vehículos con conductor en la región; a la Casona del Parque, en Málaga, donde el equipo de gobierno, pese a no querer interferir en las negociaciones de su ejecutivo autonómico, ha acordado intensificar la inspección de los VTC en la ciudad. 

A este acuerdo se ha llegado, entre otros, en una moción presentada por Unidas Podemos que ha sido aprobada a medias, seleccionando la mitad de los puntos por los que PP y Cs votaría a favor y a cuáles se opondría. Entre los puntos que también se han acordado también está el de prohibir la publicidad del servicio tanto en interior como en el exterior de los vehículos "para que no se pueda suscitar al usuario a preferir el VTC por encima del taxi", ha justificado José del Río, delegado de Movilidad en el Ayuntamiento. 

Sorprendente ha sido la intervención de Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos que ha defendido "que los taxistas tengan flexibilidad para aplicar sus tarifas" para que pueda ser posible "un contexto justo de competencias". Además ha tildado como positivo que las plataformas de VTC hicieran "un esfuerzo por compensar las inversiones que ha desarrollado el sector del taxi históricamente y los requisitos que se les ha exigido siempre". 

Uno de esos requisitos ha querido recordar el concejal socialista Jorge Quero al asegurar que "no hay VTC adaptados para personas con movilidad reducida porque no son rentables y para eso sí está el taxi". Además de señalar la falta de taxis de este tipo en la ciudad. El Ayuntamiento creará 14 licencias nuevas a vehículos con movilidad reducida y ayudará a reconvertir algunas de las ya existentes en vehículos de este tipo, como ya adelantó este periódico.

Sin embargo, otras muchas no han salido adelante, porque como ha recordado Del Río, la mesa de negociación sigue abierta, "tanto Aumat como Taxi Union estaban invitados a defender la moción y les han recordado que no era el momento", le ha criticado a Nicolás Sguiglia el delegado del ramo. 

Entre las peticiones de Unidas Podemos que no han sido aprobadas estaban la de poner un tiempo mínimo entre la petición del servicio de su uso de 30 minutos, imponer un registro de VTCs que operen en la ciudad o exigir que sólo haya una licencia de VTC por cada 30 taxis. 

Sí que se ha aceptado a instar a la Junta a prohibir el servicio de geolocalización antes de contratar el servicio por entender que "constituye una forma de captación en la vía pública prohibida por ley".