Las presuntas irregularidades detectadas en obras del puerto durante su ampliación irán a juicio. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga acusa al entonces jefe de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de haber manipulado certificaciones de obra "para aumentar el valor y así proporcionar al contratista un beneficio superior al que le correspondía", por lo que pide que sea condenado a 11 años y medio de cárcel por falsedad documental, malversación y fraude. Para otro jefe del Puerto, responsable de la División de Proyectos y Obras, rebaja la pena a 6 años. Para tres trabajadores de las dos empresas adjudicatarias de los proyectos investigados solicita entre 2 y 3 años. El fiscal señala irregularidades en el atraque sur de cruceros y en unos trabajos de mejora de calado.

En el escrito de acusación, el fiscal explica que el Puerto adjudicó en marzo de 2004 la ejecución del atraque sur de cruceros a la empresa Sando, con una rebaja muy superior a la presentada por las demás firmas, con lo que "los responsables se aseguraban la concesión de esta obra, pero igualmente asumieron la posibilidad de obtener escasos beneficios e incluso el riesgo de acabar con pérdidas".

Ya con los trabajos avanzados, a finales 2005, durante la redacción de una modificación al proyecto para añadir actuaciones no contempladas en la adjudicación -resultó adjudicataria la misma constuctora-, el fiscal señala que el alto mando portuario "quiso aprovechar la ocasión para congraciarse con los técnicos responsables de Sando" comprometiéndose a manipular las certificaciones de obra para incrementar el beneficio final. Señala el ministerio público en este punto, como posible justificación, que la constructora era cliente habitual de una consultora de ingeniería que el acusado había constituido con sus hermanos, aunque como administradora figuraba su esposa. Para poder favorecer estas justificaciones de obra necesitó el respaldo de otro jefe del Puerto, que controlaba de forma directa las obras y que "se prestó a colaborar", consta en el escrito de acusación.

Sin embargo, en el escrito de acusación se especifica que no queda acreditado que ambos trabajadores portuarios "pidieran a cambio algún tipo de remuneración ni que recibieran de la constructora ofertas" ni tampoco que se posteriores ventajas ni compensaciones.

El perjuicio económico generado al Puerto por "certificaciones y liquidaciones fraudulentas" asciende a 942.506,92 euros, solo en concepto de ejecución material, "pero el daño real fue superior, abarcando el coeficiente correspondiente a la baja de adjudicación y a la parte proporcional de los pagos que se realizaron por conceptos de gastos generales, beneficio industrial y actualización de precios, todo lo cual fue abonado en las liquidaciones", señala el ministerio público.

Entre los sobrecostes de las obras del atraque sur destacan la certificación de 33 pilotes para la cimentación de un muro cuando sólo se habían materializado 28 o el incremento de la longitud de otros pilotes, llegándose a duplicar "adrede la mayor parte del material".

La infraestructura se terminó en 2007, pero se vio comprometida en 2008 cuando el impacto de un buque ocasionó daños estructurales. La reparación fue contratada a una empresa diferente de la responsable del proyecto original y "como temían los acusados" ello permitió descubrir que la obra ejecutada no se correspondía con la liquidada. Ello después de que el jefe de Infraestructura intentara, "por el afán de favorecer" a Sando, tratase de adjudicarle de manera directa la reparación de los daños mediante un proyecto de reforma que fue rechazado por "desmesurado".

El otro proyecto en el que la Fiscalía detecta irregularidades corresponde a unos trabajos de calado realizados en la dársena del antepuerto y en la alineación del muelle 9. Sobre ellos, concluye que se acreditaron "falsamente la prestación de 30 jornadas de dragado", con lo que la adjudicataria, Dragados, pudo emitir una factura y cobrar 293.480 euros. Todo ello cuando una barometría había revelado incompatibilidades con el servicio contratado.

El fiscal solicita además de las penas de cárcel, que los acusados indemnicen al Puerto por el perjuicio causado. Y propone además a Sando como responsable civil subsidiario. En su día el Puerto estimó el daño en 1,5 millones euros, solo en lo referente a las obras del atraque. Desde la defensa de los acusados de la contratista y de la propia empresa señalaron a Europa Press que "todas las obras se realizaron", incluyendo las no contempladas inicialmente en los proyectos. "No se malversó un céntimo", sostuvieron. Existe además otro proyecto correspondiente a la terminal de contenedores que también está siendo investigado en una pieza separada de este procedimiento.