Piden 4 años para el propietario de Aifos por ocultar fincas para evitar embargos

El propietario de Aifos, actualmente en liquidación, se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era administrador, 138 fincas con el fin de "ocultar" a los acreedores esos bienes y evitar acciones judiciales sobre los mismos. La acusación particular en esta causa, dirigida por el letrado Carlos Cómitre, en representación de un matrimonio que compró una vivienda a la promotora, que nunca recibió, ha pedido la apertura de juicio oral contra Jesús Ruiz Casado por un delito de insolvencia punible. La Fiscalía no presenta acusación.

Según el abogado de los compradores, el acusado "diseñó y orquestó una aparente operación de dación en pago" de 138 fincas por valor de 17,2 millones de euros más IVA a otra sociedad de la que también era administrador. Se precisa que la mayoría de éstas estaba libre de carga, "frente al restante patrimonio de Aifos, que se encontraba hipotecado" en su mayoría.

De esta forma, se indica en el escrito inicial de la acusación particular, presentado ante el juzgado que instruye el caso, que estos bienes "se ocultaron a los acreedores evitando que los mismos fueran objeto de procedimientos de apremio y persecución en los más de 400 pleitos iniciados contra Aifos antes de que se orquestara la pretendida dación en pago". Entre las fincas se encontraba, según consta en el documento de conclusiones provisionales, presentado en esta causa, "el derecho de vuelo sobre la planta baja de tres bloques de la promoción Terrazas de Torreblanca", en Fuengirola, cuyo embargo preventivo se ordenó por un juzgado pero no se pudo trabar.

Esta parte considera que ese derecho de vuelo cedido "sólo tiene valor real dentro del patrimonio de Aifos, pues se refiere a una de sus construcciones ya realizadas", por lo que concluye que "el traspaso de la misma a título gratuito sólo puede esconder una clara intención de evitar, precisamente, su embargo por los acreedores de Aifos".

Esta causa fue archivada dos veces por el juzgado, pero la Audiencia Provincial decidió en marzo de 2014 reabrirla, al considerar que, aunque no se había ordenado el embargo cuando se produjo la dación, en aquellas fechas "ya se habían iniciado unas 400 reclamaciones contra Aifos", por lo que "era previsible la situación de insolvencia que dio lugar al concurso".