Sacaban presuntamente armas cuyo destino era la inutilización o el achatarramiento y las introducían en el mercado negro para su posterior distribución. Algunas han sido halladas a lo largo del territorio nacional en disposición de disparar, ya que nunca fueron inhabilitadas ni tan siquiera convertidas en chatarra. Así operaba supuestamente la trama liderada por un ex alto mando de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga.

Fue capitán de la Guardia Civil y, desde septiembre de 1998 hasta mayo de 2005, jefe de Intervención de Armas y Explosivos (IAE) en la capital malagueña, unidad donde se depositan todas las armas incautadas por los Cuerpos de Seguridad de la provincia –incluidos la Policía Local y la Policía Nacional– así como las halladas por los ciudadanos. Entre sus funciones, se encontraba la de firmar y certificar la inutilización de estas armas, que llevaba a la práctica una armería. Además, era el encargado de firmar las actas de achatarramiento, es decir, aquellas que eran fundidas y destruidas.

Si bien, según se desprende de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, el ex jefe de la IAE habría desviado armas de los lotes destinados a achatarramiento para grabarlas por segunda vez como si estuvieran inhabilitadas cuando, por el contrario, se encontraban en perfecto estado de uso.

Pero, para llevar a cabo esta actividad, este ex mando no actuaba solo, sino que se valía supuestamente de más de una decena de personas. Entre ellos, el jefe del Servicio de Armamentos y Equipamiento policial de la misma comandancia desde el 6 de noviembre de 1987 hasta el 27 de junio de 2013. Aunque su función era la del almacenamiento, reparación y mantenimiento exclusivamente de las armas de los agentes de la Guardia Civil, éste sería muchas veces el que inutilizaría físicamente las armas incautadas debido a los estrechos lazos que mantenía con el exjefe de la IAE.

De esta manera, habría indicios de que el modus operandi que empleaban era el de certificar presuntamente como inutilizadas la totalidad de las armas destinadas a tal efecto, pese a que una parte continuasen intactas. En otras ocasiones, sí llevaban supuestamente a cabo el proceso de inhabilitación, pero en teoría de una forma tan rústica que con una sencilla rehabilitación volvían a estar en condiciones de hacer fuego, según los informes periciales elaborados por la Policía Científica y por el Laboratorio de Balística de la Guardia Civil.

A continuación, las armas eran supuestamente puestas a disposición de terceros, quienes se encargaban de introducirlas en el mercado negro para distribuirlas en distintos puntos de la geografía –como mínimo nacional– mediante subastas. Entre los implicados en la trama, se encontraban personas vinculadas a armerías, siendo algunas incluso propietarias de estos negocios.

Las primeras actuaciones policiales que guardan vinculación con este entramado datan de 2013 cuando, en plena operación Yedra, la Unidad Central Especial de la Guardia Civil –entre otros departamentos– incautó una pistola que figuraba como inutilizada desde 2005, según el certificado expedido por la IAE de Vélez-Málaga, pese a que estaba en perfectas condiciones para ser utilizada. 

Al parecer, esta arma había pertenecido anteriormente a otro hombre y, además, se encontraba a nombre de una mujer a la que le constaban otras siete armas cortas inutilizadas. Tres de ellas certificadas por el cabo primero de la Guardia Civil destinado en Intervención de Armas y Explosivos de Vélez y otras dos por el ex jefe la IAE de la Comandancia de Málaga. 

Según las pesquisas, la titular sería ajena a todo este tema y  las sospechas se centraron en el anterior propietario de la pistola intervenida, quien podría haberlas rehabilitado ya que era conocida su actividad de coleccionista de armas y la amistad mantenida con miembros de varias unidades Intervención de Armas y Explosivos de la provincia. Así, este individuo quedó detenido y en su domicilio se intervinieron 220 armas, de fuego y piezas fundamentales, de las cuales únicamente 116 tenían números de serie que permitiesen su trazabilidad.

Apenas un año después, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid detectó varias ofertas de compraventa de armas de fuego inutilizadas a través de portales de Internet, de las que se sospechaba que habían sido rehabilitadas. Las indagaciones permitieron identificar al autor de dichos anuncios y la persona encargada de que pudiesen volver a disparar.

El 26 de marzo de 2014, en el marco de la conocida como operación Bulldog, fue detenido un policía local de Málaga y se le intervinieron 64 armas de diferentes calibres. Todas ellas habían sido depositadas en la IAE de Málaga. De 56 armas cortas, siete fueron incautadas, pues, a pesar de estar certificadas como inutilizadas por el entonces jefe de Intervención de Armas y Explosivos, se encontraban en perfecto estado de funcionamiento.

En este punto, cabe destacar que en febrero del pasado año, durante unas labores de mantenimiento del depósito de la IAE de Málaga, se detectó que en nueve de las pistolas que figuraban a nombre del policía local detenido y que, supuestamente, se encontraban inutilizadas mediante la obturación de un cañón por soldadura, se habían desprendido los mencionados tapones. Un hecho que evidencia que su inutilización era reversible. 

Siguiendo con la cronología de los hechos, el 1 de febrero de 2016, la IAE de la Comandancia de Málaga notificó a la mujer del ex capitán, a cuyo nombre figuraban 25 armas no aptas para el disparo –24 cortas y una escopeta–, que las presentase en el plazo de diez día a inspección física. Al parecer, entre 2000 y 2005, su pareja se las habría enajenado haciendo uso de su poder en Intervención de Armas de la Comandancia de Málaga.

La mujer hizo caso omiso al requerimiento de la IAE, siempre según el atestado instruido por el SAI de la Guardia Civil, y, un mes después, con el ex capitán ya en el ojo del huracán, su hija -también perteneciente al Instituto Armado- presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Casabermeja en representación de la pareja sentimental de su progenitor alertando de un supuesto robo de 12 armas inutilizadas que guardaban en su residencia eventual. Se cree que esa fue la forma que ideó el exjefe de la IAE para eludir el problema que tenía con las doce armas que  ya habría comercializado.

Un ciudadano se suicida en Torremolinos con un arma que constaba como destruida

Sin embargo, el 31 de agosto de 2017, un ciudadano estonio se suicidó en Torremolinos con un arma que constaba en su acta como destruida desde 2002, pero que en el Sistema de Gestión de Armas y Explosivos (SGAE) figuraba como “inutilizada” desde 2005 por un certificado emitido por el exjefe de la IAE y, además, estaba a nombre de la pareja de éste. Se pudo comprobar, de esta manera, que la pistola nunca fue destruida ni tan siquiera presentaba signos de haber sido inutilizada.

Asimismo, esta pistola se encuentra en varios de los listados que, posteriormente, fueron intervenidos en el domicilio del exjefe de la IAE, lo que demostraría que estaba controlada en todo momento por él, así como el resto de la armas a las que habría dado salida de manera ilegal.

Cuatro personas, entre las que se encuentra el jefe hasta 2005 de la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de Málaga, resultaron detenidas y siete más investigadas. En total, ocho han sido los procesados por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que ha considerado que todos ellos eran conocidos entre sí por su pertenencia a este entramado relacionado con el tráfico de armas y se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia y depósito de armas y municiones, falsedad documental y simulación de delito, según se desprende del auto con fecha del 24 de junio de 2022.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian llevar tiempo señalando estas presuntas irregularidades cometidas en la Comandancia de la capital malagueña.