Solo 12 firmas entre las 100 primeras de Andalucía

Solo 12 de las cien empresas más grandes de Andalucía por volumen de facturación tiene su sede social en la provincia de Málaga. Para encontrar una compañía formalmente malagueña hay que bajar hasta el puesto 14 del ranking andaluz, donde se encuentra Pernod Ricard. La explicación al por qué esta multinacional de capital francés es la gran empresa malagueña se halla en 1997 cuando Pernod compró la histórica Larios por 35.000 millones de pesetas (210 millones de euros). Según la información que proporciona la Central de Balances de Andalucía la facturación de la firma francesa de licores ascendía a 418 millones de euros en 2011.

El segundo puesto en la provincia, correspondiente al y décimo quinto en la clasificación regional, lo ostenta Dcoop, propietaria de la marca Hojiblanca, con una facturación que ascendía a 391 millones de euros en 2011, ejercicio utilizado por la Central de Balances para elaborar su última clasificación de empresas líderes de Andalucía.

Después ya hay que saltar al grupo promotor y constructor Sando que hace tres años facturaba 391 millones, seguido de la compañía de transportes y logística Acotral, con 242 millones de euros. La primera ocupa el vigésimo puesto en el ranking regional y la segunda el vigésimo sexto.

El quinto puesto en Málaga y trigésimo tercero de Andalucía es para la firma de moda infantil Mayoral (198 millones) y después se sitúa la cárnica Famadesa con 173 millones de ventas en 2011 que la colocaban en la cuadragésima posición de la clasificación andaluza.

Detrás se sitúa Busc Person, distribuidor de telecomunicaciones también en manos de multinacionales desde que fuese vendido a una empresa danesa en 2001. Las últimas ventas de esta compañía registradas por la Central de Balances ascendían a 144 millones. A continuación figuran Best Seller Whosale (143 millones) e Isofotón, que cerró después de una tumultuosa crisis con la que puso fin a 30 años historia en los que llegó a liderar el sector fotovoltaico europeo y a recibir importantes sumas de dinero público a cambio del compromiso, finalmente incumplido, de mantener el empleo.