Numerosas son las intervenciones en las que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son recibidos entre gritos, insultos y golpes de los presentes. Las agresiones a policías, lejos de disminuir, han experimentado una subida significativa desde la pandemia. Según los datos emitidos por el Ministerio del Interior y recogidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se han incrementado en un 10,66% en Málaga, provincia donde se registraron un total de 571 ataques durante el último año. 

Resulta evidente que en 2020 todas las infracciones penales aminoraran como consecuencia de un confinamiento estricto primero y parcial después. Ese año se contabilizaron 517 agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad. A partir de entonces la tendencia se ha mantenido al alza. En 2021 se registraron 561, diez menos de las que se numerarían el año siguiente.

Asimismo, cabe destacar que solo entre enero y agosto de este 2023, la provincia de Málaga ya ha cifrado en 426 los atentados contras policías y guardias civiles, por lo que no se descarta cerrar el año con más agresiones que el anterior. 

Para la AUGC esta situación es "una evidencia más de la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día". Desde la asociación señalan que los principales motivos de estas cifras son "la falta de respeto a los agentes de la autoridad, las plantillas mermadas, la sensación de impunidad y el desprecio a las normas por parte de la población". Además, consideran que agredir a un agente "sale gratis", ya que "se les sanciona  con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros". "Es una situación insostenible y grave", lamentan.

Aseguran que junto con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) llevan años reclamando que se endurezcan las penas y se recupere el principio de autoridad "con urgencia", además de ofrecer una mayor protección jurídica, para "acabar con este lastre de las agresiones contra la autoridad".

Y es que, a nivel nacional, las agresiones contra los agentes también han aumentado en los últimos años, en concreto un 8,14% en 2022, respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar las 16.651; una cifra que igualmente podría superarse este año porque en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.302. Por comunidades autónomas, -teniendo en cuenta el año anterior-, la que más atentados a la autoridad registró fue Madrid, con 3.238; seguida de Andalucía (2.732), Cataluña (2.619) y Comunidad Valenciana (2.167).

Por otra parte, la asociación de guardias civiles asegura continúan esperando "el día en que se igualen sus condiciones socio-laborales a las del resto de cuerpos policiales, con una jubilación digna y el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, la reclasificación al grupo B, una cadencia fija de turnos de servicio que permita la conciliación laboral y familiar, medios profesionales para ejercer nuestra labor policial con garantías, como chalecos antibalas individuales y pistolas TASER o un reparto equitativo y justo de la productividad con la implantación de servicios extraordinarios retribuidos dignamente".