Los 15 días que empezaron a correr el pasado 12 de marzo para que la Gerencia de Urbanismo de Málaga modifique la Relación del Puestos de Trabajo (RPT), es decir la reorganización propuesta de la plantilla, aprietan. Por eso, después del revés de la Junta de Andalucía a su propuesta, Urbanismo se reunirá este martes para estudiar cómo adaptar la propuesta a la legalidad, después de que desde la delegación de Justicia se señalase que en la relación propuesta se usaba indistintamente personal laboral y funcionarios para ejercer potestades públicas.
Fuentes cercanas a Urbanismo señalan que ahora mismo se plantean cuáles pueden ser las vías para que los 224 trabajadores –de los poco más de 300 en total– cuya relación contractual es de personal laboral puedan seguir ejerciendo, o al menos así quede reflejado, las tareas que a día de hoy realizan.
Entre ellas, el personal laboral firma licencias, abre expedientes, pone sanciones o declara estados de ruina, "se lleva haciendo así años, tanto que hasta 2020 no entró el primer funcionario, que ahora serán medio centenar", señalan. El personal laboral, como indica la delegada de Justicia de la Junta, Teresa Pardo, en el escrito remitido a Urbanismo, no puede ejercer potestades públicas.
La misma, ante el último intento aprobado de reorganizar la plantilla en el ente (al que se ha dado luz verde casi a la vez que se anunciaba una reestructuración del ente que necesitará de una nueva RPT en tanto que elimina un departamento completo) señalaba que el plan presentado mezcla "de manera generalizada" los puestos que actualmente son de funcionario por funcionario/laboral indistintamente.
Por eso mismo, en dos semanas se les pide que "anule o modifique la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Pública Administrativa Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras (...) adaptándola a las indicaciones consignadas en este escrito y comunicándolo posteriormente a esta Delegación del Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía".
"Habrá que valorar la efectividad o no de los procedimientos que se han dado en la Gerencia"
El concejal encargado de Urbanismo del PSOE, partido líder de la oposición, Mariano Ruiz Araujo, señala que tras este señalamiento de la Junta habrá que "valorar la efectividad o no de los procedimientos que se han dado en la Gerencia".
Recuerda Ruiz Araujo que el personal laboral no puede ejercer las mismas tareas que los funcionarios, por eso, apunta que en un posible contencioso, "¿qué garantías jurídicas tiene el administrado cuando no son los funcionarios los que están velando por el cumplimiento de la normativa? Es delicado y es responsabilidad del que planifica todo esto", dice en referencia al gerente de Urbanismo, José Cardador, al que la plantilla le pidió que dimitiera el pasado viernes en una concentración a las puertas del edificio.
La presidenta del comité de empresas, Lourdes Ponce, le acusó de haber "boicoteado el servicio público para que hoy tenga la excusa perfecta para dar el servicio a organismos externos". Además, achacó el cuello de botella que se pueda producir a la mala planificación de los recursos humanos, "todo lo que no sea organizar y planificar afecta negativamente, el servicio público se ve afectado, los grandes proyectos se ven paralizados, los grandes, los pequeños, los medianos, excepto si tienes un padrino, como aquí decimos".
Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo ha sufrido varios traspiés durante los últimos años. la enajenación de los terrenos de Repsol aún no se ha cerrado por problemas judiciales que hizo que tuvieran que pararla en varias ocasiones, el plan parcial de ampliación del PTA lleva cuatro años sin que se le dé final, intentaron llevar un trámite ambiental caducado a la aprobación de la modificación del Plan Especial del Puerto que, tras su aprobación un año más tarde, está en el desfiladero por recursos judiciales.
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