Nuevo pleito entre ambas administraciones. La Gerencia de Urbanismo mantiene activo desde principios de año un contencioso administrativo contra la Administración regional por el pago de 7.111.219,89 euros, fruto de las expropiaciones materializadas por el Consistorio en el marco del proyecto de restauración hidrológico forestal en la cuenca del río Guadalmedina.

De acuerdo con la información aportada ayer desde la Casona del Parque esta es la cuantía que debe satisfacer el Gobierno andaluz de las enajenaciones forzosas de terrenos en la parte alta del río, intervención que en su día fue objeto de un convenio con la extinta Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), en el momento de la firma dependiente del Gobierno central. De acuerdo con las tesis manejadas por el equipo de gobierno del PP, el citado acuerdo repartía las obligaciones económicas que asumían cada una de las administraciones, quedando el 75% de las mismas en manos del ente estatal y el 25% restante, del Ayuntamiento.

El proceso de traspaso de las competencias de la CHS a la Junta lleva aparejado, a juicio del Ayuntamiento, los deberes en materia de pago de las citadas expropiaciones, extremo que hasta la fecha viene siendo rechazado por la Administración regional. Muestra de ello es que la Junta, según los datos municipales, desestimó e inadmitió sendos requerimientos de pago remitidos por el Consistorio por 5.927.779,23 euros y 1.183.440 euros reclamados el 7 y el 18 de mayo del pasado ejercicio, respectivamente. Ante la negativa autonómica a asumir estos abonos, mediante una resolución fechada el 26 de octubre del año pasado, la Gerencia de Urbanismo decidió acudir a la vía judicial e interponer un recursos contencioso administrativo que sigue vive. El conflicto entre las dos partes se circunscribe en el escenario del proceso de expropiación de los terrenos localizados en la parte alta del río, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del cauce en caso de avenidas de agua. Este proyecto fue aprobado por la CHS mediante una resolución de fecha 16 de mayo de 2001. A modo de justificación de la necesidad de esta intervención, la evaluación de impacto ambiental del proyecto incidía en la "desprotección" que presentaban hace ahora quince años las vertientes de la cuenca del Guadalmedina, por lo que se defendía el cambio de uso de estos terrenos "al forestal·, buscando con ello la repoblación en laderas e hidrotecnias en cauces.Esta actuación ha supuesto a lo largo de los años la expropiación de 35 fincas, con una superficie de 3.429.598,39 metros cuadrados. El valor de estas operaciones de compra forzosa, la gran mayoría de ellas objeto de contenciosos por parte de los privados afectados, disconformes con los justiprecios, alcanza, según Urbanismo, los 8.071.202,68 euros, a los que sumar otros 1.988.723,65 euros en concepto de intereses.

La suma económica es sensiblemente inferior a las reclamaciones realizadas por los expropiados, que, según datos manejados años atrás, llegaron a demandar del orden de 300 millones de euros. La cuestión se puso ayer sobre la mesa en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, en el que se abordó una sentencia judicial que obliga al Consistorio a pagar más de 700.000 euros por una finca inicialmente valorada por el Jurado de Expropiaciones en unos 100.000 euros. De acuerdo con las explicaciones dadas por el gerente del ente, José Cardador, se trata de una de las pocas decisiones judiciales que otorga valor de urbanizable a la parcela en cuestión, dado que la gran mayoría de decisiones adoptadas hasta la fecha mantenía el criterio municipal de considerar no urbanizable esos suelos. "En este tema no hemos salido mal parados", comentaba el alcalde, Francisco de la Torre, en la reunión de Urbanismo, tras recordar cómo un abogado, en alusión a Juan Ramón Fernández Canivell, letrado que defendió a buena parte de los propietarios afectados por las expropiados, buscaba unas compensaciones "de varios cientos de millones de euros".