Villafranco del Guadalhorce –una pedanía de Alhaurín el Grande de unos 700 habitantes– vuelve a acaparar la atención de la prensa. La razón no es otra que la petición de un abogado de víctimas del franquismo que este martes ha pedido que ocho núcleos de población de España cambien de nombre en aplicación de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. Entre otros, esta pedanía creada en 1968 como un pueblo de colonización agraria impulsado por el entonces Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) para transformar explotaciones de secano en regadío. Por entonces, a los colonos se les entregaba un lote de tierra y una vivienda. Así nacieron muchas localidades agrícolas. Pero la vida fue cambiando. Y en los 80, la mayoría de sus habitantes empezaron a dedicarse a la hostelería y la construcción. Todo cambió, menos su nombre.

La petición del letrado Eduardo Ranz vuelve a poner el tema sobre la mesa. Este abogado pide que se cambie el nombre a tres municipios en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en Badajoz; otros tantos en Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce. Ranz, según recoge la agencia Efe, alega que el artículo 35 de la nueva ley establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos. El abogado también advierte de que el artículo 61.2.d) de esa norma califica como infracción grave el mantenimiento de simbología franquista en un ayuntamiento o en el seno de la iglesia católica.

La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, confirmó que el Ayuntamiento ha recibido la petición del letrado este martes. “No tenemos ningún interés en mantener el nombre. Los técnicos van a estudiar la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, que está aún que quema, y tomaremos la decisión que legalmente tengamos que tomar”, afirmó. El Senado aprobó la norma de forma definitiva el pasado 5 de octubre.

La regidora recalcó que la Administración municipal nunca se ha negado a modificar el nombre, pero aclaró que allí muchos habitantes son de apellido Franco, que incluso piden que se defienda su actual designación. “Los vecinos nunca han visto vinculación política en el nombre. Nunca se ha relacionado ni con el caudillo ni con la dictadura”, asegura Ledesma. Tras invitar al abogado a conocer Alhaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce y admitir que el letrado está en su derecho a formular esa petición –“y más con una ley que lo respalda”–, la alcaldesa concluyó: “Los vecinos tienen problemas más importantes y nosotros [en alusión al Ayuntamiento] también”.

En su escrito, Ranz recuerda que “el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares” supondrá una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. El abogado se congratuló, en declaraciones a Efe, de que “pronto la simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá y será gracias a una ley democrática”. Sin embargo, lamentó que aún estén presentes “en carreteras, mapas o centros religiosos de España simbología que recuerda” al franquismo.

La petición del letrado de que se cambie el nombre no es nueva. Ya en 2015 emprendió acciones legales en ese sentido. Con el paso de los años, pueblos como Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla) fueron redefinidos; no así la pedanía malagueña. Ahora vuelve a plantearse la demanda y la pregunta:¿Dejará de ser Villafranco del Guadalhorce uno de los últimos pueblos del caudillo?