La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, fue citada a declarar el pasado martes como querellada por presunta prevaricación relacionada con la adjudicación de arrendamiento de un inmueble para la sede de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en El Palo. Ante esta situación, la consejera del ramo, Rocío Blanco, ha defendido este jueves el procedimiento que ha realizado la Junta de Andalucía y ha señalado que podrían haber adjudicado directamente la oficina, pero que se decidió volver a sacarlo a licitación.

Esta querella también afecta a otros cuatro técnicos que formaron parte de la mesa de contratación. Como ya informó este periódico hace unos días, la denuncia se basa en las “diferencias de requisitos" entre dos licitaciones públicas iniciadas por el SAE para el arrendamiento del inmueble y en el que según la persona que ha puesto la denuncia se ha "vulnerado de manera consciente y arbitraria los principios de obligado cumplimiento que deben cumplir las ofertas públicas de contratación en una clara intención de excluir de la misma" al denunciante. Para lograrlo, según lo expuesto en la querella, se llevó a cabo una "burda maniobra de introducir condiciones de todo punto injustificadas que bloquean la posibilidad de acceso a la licitación" del denunciante que ofreció un local de su propiedad como sede para las nuevas oficinas.

En este sentido, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha asegurado que la persona demandante recurrió la licitación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que éste en un primer momento denegó el recurso.

De igual forma, Blanco ha insistido en el artículo 161 del decreto de desarrollo de la ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que sostiene que “una vez que una licitación queda desierta, la administración tiene la posibilidad de hacer una adjudicación directa y a pesar de tener esa posibilidad no se hizo y se volvió a sacar esa licitación cuando se podría haber adjudicado directamente”. Asimismo, la consejera ha incidido en que “el expediente completo está desde el inicio de la tramitación en el perfil del contratante colgado para el que quiera acceda a él y saque sus conclusiones”.

Para conocer los inicios del caso hay que trasladarse a septiembre de 2019. Fue entonces cuando la dirección provincial publicó un anuncio de la licitación para el alquiler de un inmueble para la sede de la oficina del SAE en El Palo, y el denunciante ofreció un local de 1.017 metros cuadrados. Meses más tarde, el 20 de febrero de 2020, la mesa de contratación acordó la adjudicación del arrendamiento, pero finalmente el procedimiento de licitación fue declarado desierto porque no se había aportado un informe favorable del servicio de Bomberos, un informe que, sin embargo, no se exigió en la segunda licitación, según la querella.

De este modo, también en la denuncia se incide en que en la segunda licitación se eliminó como zona preferente para la ubicación de la sede del SAE la avenida Pintor Sorolla, intermedia entre Pedregalejo y La Malagueta, añadiendo esta última, lo que "carece de toda justificación lógica" puesto que "no se puede entender que la ubicación del local se amplíe hasta La Malagueta y se elimine la zona intermedia, precisamente donde se ubica el local propiedad" del querellante.

Por todo ello, concluye que tras la eliminación de la "única oferta existente en la primera licitación y muchísimo más ventajosa para la administración, se ha dirigido la oferta hacia otro licitador variando -entendemos de forma arbitraria- las condiciones de los pliegos a fin de excluir claramente de forma consciente la posibilidad de acceso a mi mandante, vulnerando los principios que informan la legislación de contratos del sector público sobre transparencia y libre competencia, y por más que no se ha exigido el informe de bomberos que fue la causa de la desestimación de la oferta presentada por mi mandante hasta el punto de declarar desierta la licitación", añade.