La Audiencia de Málaga ha impuesto ocho años y medio de cárcel al ex alcalde de Casares, Juan Sánchez, por delitos derivados de la corrupción político urbanística porque al menos durante seis años estuvo a sueldo de la organización que promovió el complejo Majestic en este municipio del extremo occidental de la Costa del Sol. La sentencia que le condena por malversación, fraude, prevaricación, cohecho y blanqueo precisa que recibió al menos 286.200 euros entre 2000 y 2006 para poner a disposición de los intereses de este entramado societario la política urbanística del municipio.

El tribunal subraya como un indicio inequívoco la declaración del inspector de Hacienda que descubrió cómo las cuentas de Juan Sánchez habían dejado de registrar en 2002 extracciones de dinero. Las retiradas periódicas de efectivo desaparecieron y la familia debía de tener "otra vía" de financiación que no pasaba por el banco, lo que no fue óbice para que en esos años se hiciera con dos vehículos, uno de ellos de la marca Mercedes, y dos locales comerciales que pretendió justificar con premios de la ONCE que también resultaron fruto de una operación fraudulenta.

Juan Sánchez, alcalde de Casares durante años, presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol y figura destacada de Izquierda Unida hasta que el 14 de mayo de 2012 fue detenido y seguidamente expulsado de la formación, firmó entre octubre de 2000 y julio de 2004 tres convenios contrarios al planeamiento que permitieron a Majestic aumentar la edificabilidad, la densidad residencial o apoderarse de aprovechamientos urbanísticos. Los acuerdos no solo retorcían la legalidad urbanística, sino que contenían irregularidades graves, "burdas", "groseras" y "deliberadas". Por ejemplo, se recalificó suelo no urbanizable sin informes jurídicos ni técnicos gracias a un convenio que ni siquiera, se llegó a publicar en el boletín oficial como es preceptivo.

En otro convenio acordado para dar vía libre a la división de un sector del planeamiento y aumentar su edificabilidad el alcalde aceptó que la cesión obligatoria del 10% del suelo se le adjudicara también a Majestic por 540.000 euros, cantidad por debajo del valor de mercado, establecido en 676.918 euros. Juan Sánchez no solo permitió ese quebranto a las arcas municipales, sino que, aunque está prohibido expresamente por la Ley, permitió que el dinero se entregara en cinco plazos. La sociedad entregó la tres plazos, pero nunca pagó los dos últimos. Es decir, dejó de abonar 216.364 euros al Ayuntamiento y "Juan Sánchez omitió ordenar su reclamación administrativa", puntualiza el tribunal.

Además de tirar de efectivo sin tener que hacer uso de los fondos bancarios, Juan Sánchez buscó otras fórmulas para dar salida al dinero que recibía del grupo Majestic. Según la sentencia compró junto a su mujer tres sociedades sin actividad, aunque la transmisión de las participaciones nunca las inscribió en el Registro. Las cuentas de las dos mercantiles llegaron a recibir dos ingresos por importe de 30.000 euros cada una. Además, recurrió a otra fórmula muy manejada y manejable en el blanqueo de capitales: comprar premios de lotería. En octubre de 2005 un vecino de Marbella obtuvo 330.000 euros con 10 cupones premiados por la ONCE, cinco de los cuales se los vendió a María Luisa Calvente, esposa de Juan Sánchez condenada por el tribunal a seis meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

Junto al ex alcalde de Casares y su esposa ha sido también condenado Frank Robert Mani. El tribunal le ha impuesto a este ciudadano de origen armenio y con antecedentes penales ocho años de prisión por malversación, fraude, prevaricación urbanística y cohecho. Mani, dice la sentencia, era "quien actuaba en nombre del entramado societario de Majestic". En todo momento alude a él como el hombre que representaba estos intereses, sin dar más detalles sobre quiénes eran los auténticos titulares de esta sociedad.

El 14 de mayo de 2012, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional irrumpieron en el Ayuntamiento de Casares y en el domicilio de quien había alcalde del municipio entre 1979 y 2000 y posteriormente desde 2005 a 2009, se aludió a que detrás del entramado societario de Majestic se ocultaban intereses de organizaciones mafiosas rusas. Mani no fue detenido en aquella ocasión, aunque cayó tiempo después. Tampoco fue localizado entonces Robert Gaspar, otro sujeto al que se le perdió la pista. Posteriormente ambos fueron vinculados con Ricardo Franchini un polaco que presumiblemente hizo negocios ilegales en la Rusia posterior a la caída del Muro, preso años después en Estados Unidos por delitos originados por el tráfico de drogas.

La sentencia, no obstante, solo precisa la "estrecha" relación entre Frank Robert Mani y el ex alcalde de Casares. Recoge declaraciones de los testigos que afirmaron que "acudía asiduamente al Ayuntamiento para reunirse con el alcalde", "entraba y salía como si estuviese en su casa". Tal era su poder en el Ayuntamiento de Casares que una testigo precisó que para determinados asuntos "puede ser que hubiera que hablar antes con Frank Mani que con el alcalde".

En la causa ha sido también condenado por prevaricación urbanística a una multa de 12 meses a razón de 50 euros diarios el abogado Rafael Duarte, que fue miembro de la Gestora de Marbella tras la disolución del Ayuntamiento en el caso Malaya. La sentencia precisa que emitió un informe a favor de la concesión de licencia de obras para 115 viviendas a pesar de que contaba con informes técnicos negativos.