Francisco de la Torre subirá una media de un 42% el precio de la factura del agua el próximo año. Unos 12 euros en cada recibo bimensual para una familia de tres integrantes. Además, anuncia que el aumento del precio incluye un canon para que la empresa EMASA realice inversiones por un importe de unos cien millones. Con esta figura pretende recaudar de todos los vecinos unos 26 millones de euros en cuatro años.

Curiosamente, el regidor acude al canon justo cuando la Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, retiraba temporalmente este año el suyo. Y además ha anunciado que tampoco lo aplicará en 2024. El motivo era contribuir a dar un respiro a los ciudadanos después del azote de la inflación, con una cesta de la compra que en el último año ha aumentado un 10%. El alcalde justifica el suyo para mejorar las infraestructuras, realizar obras de protección ante inundaciones y aumentar el agua regenerada, entre otros propósitos. 

Pero lo de EMASA y los cánones son historias recurrentes que se utilizan a conveniencia. En 1994, en la etapa del socialista Pedro Aparicio, con las arcas municipales llenas de telarañas y sin poder acudir a los bancos a solicitar préstamos, el equipo de gobierno le impuso uno de 34 millones por la concesión del servicio durante medio siglo y el uso de las redes de saneamiento.

No cambiaron mucho las cosas en la etapa del PP en la Casona del Parque. En 2005, un segundo de más de 50 millones por beneficiarse de las depuradoras del Guadalhorce y el Peñón del Cuervo. Y en 2009, el último, 75 millones por la concesión de la explotación de las redes de abastecimiento hasta 2035.

El consejo de Administración de EMASA reflejaba en 2010 una deuda superior a los 190 millones de euros. No es extraño que Francisco de la Torre sondeara un año después  públicamente la posibilidad de privatizar la empresa municipal. Pero se quedó solo.

Pero el momento con mayor tensión se produjo a finales de 2013 cuando llegó el llamado "tarifazo". EMASA cambió el sistema de cobro. Lo hizo por bloques y afectó negativamente al 45% de las familias de la ciudad que en estaban formadas por menos de cuatro personas y que vieron encarecido el recibo mensual del agua entre los 1,17 euros más en el caso de las viviendas de un solo habitante y los cinco céntimos de euro de las casas habitadas por tres.

La medida provocó una fuerte contestación social con más de 70 entidades que rechazaron la propuesta e incluso en 2014 una manifestación y la recogida de decenas de miles de firmas. El momento más complicado posiblemente del alcalde desde que comenzara a gobernar la ciudad de Málaga en 2000. En 2015 anunciaba una rectificación en el sistema de cobro, pero con la condición de que la empresa no perdiera ingresos. 

Así que en 2017, el propio alcalde llegó a defender que el único camino posible para que la ciudad afrontase la ejecución de un amplio listado de obras hidráulicas a lo largo de las próximas décadas pasaba inexorablemente por la creación de un canon específico en el recibo que todos los malagueños pagan por el agua que consumen. "No queda otra salida para financiar esas obras que con el canon", sostuvo el regidor. En 2019 la deuda con los bancos superaba los 112 millones, cien de ellos a largo plazo.

Y llegaron las pérdidas de la empresa municipal en 2021 y el año pasado. La factura de la luz y los costes de la desalación de agua que llega de los embalses del Guadalhorce son la justificación de estos números rojos.

Ahora el fuerte incremento se justifica por la sequía y los costes eléctricos. Un aumento del 42% en la tarifa, que incluye un canon que tendrán que pagar todos los usuarios para cuadrar los números de una empresa municipal a la que el propio Ayuntamiento de Málaga lleva exprimiendo su jugo, o que es lo mismo las alcantarillas, casi 40 años. Porque sin el canon del ayuntamiento a su propia empresa municipal, EMASA posiblemente no estaría en pérdidas.