Diez años de instrucción, 24 tomos y cinco personas investigadas (todas ellas en libertad a la espera de juicio ante un jurado popular). El caso de la muerte de Lucía Garrido -cuyo cadáver apareció flotando en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre con golpes y un corte en la yugular- continúa enredado y cargado de interrogantes. Tras dictarse un auto de archivo que al recurrirse no prosperó, será previsiblemente en 2019 cuando Manuel Alonso, el ex marido de la víctima se siente en el banquillo de los acusados junto con otros cuatro individuos, entre ellos dos guardias civiles. Comparecerá como investigado pese a que la Fiscalía ha retirado los cargos contra él y ha vuelto a pedir su sobreseimiento, a diferencia de la Audiencia Provincial, que dictaminó que existen hasta 13 indicios de su presunta participación en el asesinato y de que los supuestos malos tratos que Lucía sufrió no habían prescrito.

Mañana se cumplirán 10 años desde que el cuerpo sin vida fuera hallado en la piscina de su casa. La autopsia arrojó que la muerte había sido violenta. Desde entonces, su hermana Rosa encabeza una lucha titánica encaminada a conseguir que los culpables sean condenados a una pena justa. "No voy a tirar la toalla, aunque los que nos tienen que defender no lo hacen. Las cosas se hicieron mal desde el principio y daban por hecho que esto no se iba a investigar porque éramos una familia sin recursos", apostilla, al tiempo que reconoce que su intención es que Lucía "descanse en paz" y también pueda hacerlo su familia. Convencida de que el caso está rodeado "de mucha basura a alta escala", cree estar enfrentándose no solo a una "organización criminal sino también a una mafia policial". "No voy contra la institución de la Guardia Civil. Reconozco que ha habido héroes que se han jugado su vida, pero deben limpiar las manzanas podridas", insiste.

El caso de Lucía ha pasado ya por cinco jueces que han cambiado de destino

La muerte de Lucía Garrido no es la única a la que, presuntamente, está vinculada su ex pareja, también investigado por el crimen de dos ciudadanos colombianos en la finca Los Naranjos la noche en la que, supuestamente, entraron a robar. El presunto autor defendió que actuó en defensa propia. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha revocado un auto previo que ordenaba cerrar el caso sin ningún procesamiento. Los jueces creen ahora que "algo permanece oculto" en torno a aquellas muertes, atribuidas en legítima defensa al dueño de la vivienda. Tres asesinatos en un mismo escenario, con un solo año de diferencia y con idéntico protagonista al que la Justicia vuelve a seguir la pista. Todo ello en medio de un enrevesado asunto de relaciones de dudosa legalidad que salpicó a agentes y mandos del Instituto Armado.

El teniente encargado de investigar tanto el crimen de los colombianos como el de Lucía Garrido fue condenado a diez años de prisión y estaba acusado de formar parte de una trama vinculada al narcotráfico, con la que también se relacionaba a Manuel Alonso, que se enfrentaba a tres años y que, además, ha llegado a cumplir cinco meses de prisión "por impago de la pensión alimentaria". El caso de los supuestos asaltantes llegó a cerrarse sin juicio, el mismo guión que se había producido con el asesinato de Lucía. Pero un informe remitido en 2015 por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil reflejaba la posible relación entre los tres asesinatos y agentes del Cuerpo. Los nuevos datos de la investigación, además de suponer un vuelco sobre la muerte de los dos extranjeros, "arrojarían más sentido al móvil del crimen de Lucía", según recogía el documento. Los investigadores apuntaban a que en la planificación del asesinato "pudo igualmente existir la presencia de uno o varios agentes directamente vinculados al tráfico de drogas".

La vinculación apuntada por Servicios Internos se refiere a que la finca de Los Naranjos "pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de armas y/o drogas". Tanto es así que la unidad señalaba en su informe que "se infiere que la misma pudiera ser permanentemente utilizada como guardería (almacén) de estupefacientes por parte de ciertas organizaciones criminales". Unos hechos de los que Lucía "era testigo directo, lo que lo convierte en motivo suficiente para que representara una amenaza".

Rosa Garrido asegura que su hermana nunca supo la "clase de mafioso con el que estaba", aunque sí tenía ciertas sospechas de sus negocios. La pareja había decidido separarse un año antes. "Ella estaba muy en contra de las drogas, no quería eso para su hija -que tenía 10 años-. Puede que la quitaran de en medio porque sabía más de la cuenta. Eso siempre va a ser una incógnita", se lamenta, al tiempo que se muestra convencida de que Manuel Alonso se "fabricó una coartada" la noche del crimen, "dejándose grabar en varias estaciones de servicio".

En estos 10 años, la investigación del asesinato de Lucía ha pasado ya por las manos de hasta cinco jueces que han cambiado de destino. El último de ellos se asignó el lunes de la semana pasada. "Esto es una patata caliente que a todos le quema", remacha Rosa, que entiende que no solo "no hay interés" en esclarecer la muerte de su hermana sino que, además, ha tenido que soportar "palos en las ruedas". Así, relata que ha llamado a las puertas de varias administraciones y de mandos policiales, pero en ningún caso ha encontrado la respuesta que esperaba. En este sentido, asegura que su familia se siente "muy decepcionada con la actitud de la Fiscalía", que exculpa al ex marido de la víctima, y pide a la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, "que no mencione a Lucía en ningún acto público más", al considerar "hipócrita" su actitud. Solo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) le está brindando suficiente apoyo y ha sido clave, reconoce, para la reapertura.

La acusación particular espera ahora la respuesta al recurso que presentó para que se practiquen nuevas pruebas que considera fundamentales para la resolución del asesinato de Lucía. Una de ellas es la identificación de un individuo que aparece en los ordenadores de la que fuera su pareja bajo el pseudónimo de "matador" y que podría tener relación con un hombre que murió por disparos en Mijas el 17 de septiembre de 2015. "Se sospecha que esta persona, según Asuntos Internos de la Guardia Civil, podría saber sobre el asesinato y arrojado luz", explican desde la AUGC, que destacan que esos ordenadores fueron intervenidos en 2008 y que, sin embargo, no se analizaron hasta 2012, lo que, a su juicio, evidencia "la falta de interés". Otro asesinato en el mismo lugar y del mismo modo arrojaba más sombras al caso.

También piden analizar el ADN de todos los investigados y testigos, "que son muchos". Aunque ya se obtuvo una muestra en la llave que abría la puerta de la finca en la que residía Lucía, aseguran que hay otra más que "no tiene nombre". También se refieren al registro de llamadas que realizó Manuel Alonso el día en que murió su mujer. Un documento que estaba bajo custodia de la Guardia Civil y que, según la versión oficial, quedó destruido en una inundación. Según la AUGC, a ello se unen "otras pruebas perdidas durante la instrucción y sobre la que no se ha efectuado ninguna investigación", a pesar de que lo pidió la familia de la fallecida.

Uno de los últimos investigados en salir de prisión, el pasado 13 de marzo, ha sido A. V., que fue arrestado en Fuengirola como presunto autor material de la muerte de Lucía. Su familia mantiene que no hay "ninguna prueba incriminatoria para haber estado dos años en prisión". En palabras de Rosa, "la verdad es tan poderosa que siempre sale a flote". "Si no lo intentamos, no lo sabremos nunca. Por eso no abandonamos la lucha, pero esto es muy achicharrante", sentencia.