El ex teniente de la Guardia Civil al frente del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Málaga se defendió ayer durante su declaración en juicio con continuos ataques al Ministerio Fiscal, al que en varias ocasiones acusó de estar mintiendo y otras tantas de estar confundiendo las operaciones contra el tráfico de drogas a las que se iba refiriendo durante su interrogatorio. Con un evidente estado de nerviosismo aclaró en uno de los momentos en que el presidente del Tribunal le llamó la atención: "Llevo cinco años esperando esto y se me ha denegado todo, estoy muy nervioso".

El agente fue detenido en el año 2010 en el marco de una operación contra el narcotráfico en la que fueron arrestados varios miembros más del Instituto Armado. Y ayer fue el momento de defenderse ante el Tribunal que lo juzga, ante el que negó cualquier colaboración con operaciones de narcotráfico. El ex alto mando de la Guardia Civil justificó todas las actuaciones que realizó ejerciendo su cargo dentro de la ley, desde detenciones y custodia de presos a los contactos con personas relacionadas con el tráfico de drogas -confidentes-, algo dentro de lo habitual dentro de la posición que ocupaba. "Yo tengo la obligación de captar información para la lucha contra el tráfico de drogas", matizó.

A la defensiva con las preguntas que el representante del Ministerio Público iba realizando le corrigió varias veces sobre que se estaba confundiendo una operación antidroga con otra o simplemente diciendo que "eso es mentira".

En la causa que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se sientan en el banquillo de los acusados 35 personas, entre las que se encuentran cinco guardia civiles. Además, un sexto, al que el fiscal atribuye el rango de sargento y precisamente para el que más pena solicitaba, está declarado en rebeldía, con una orden de busca y captura internacional. El Ministerio Público solicita para el que fuer jefe del EDOA 30 años de prisión por los presuntos delitos de revelación de secreto, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública y por malversación de caudales.

La Fiscalía mantiene que los agentes de la Guardia Civil colaboraban con organizaciones de traficantes que se dedicaban a introducir droga en el país. Y además en dos operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella habrían estado relacionados varios confidentes y ex alto mando.