El precinto por ruido de un ascensor en Málaga deja a varios vecinos con movilidad reducida ‘encerrados’ en casa

Sin previo aviso al presidente ni comunicación directa a los residentes, el pasado viernes 29 de agosto dos agentes de la Policía Local de Málaga llegaron a un bloque de 16 viviendas en la calle Lorenzo Silva acompañados por un vecino. Traían un expediente bajo el brazo: unas mediciones acústicas realizadas en la casa éste -el denunciante- que alegaba no poder dormir por el ruido del ascensor. Ese informe confirmaba que el aparato superaba los límites permitidos por la normativa. Con el documento, ordenaron su precinto inmediato.

Desde entonces, ha pasado ya una semana. El edificio se ha quedado sin elevador, una decisión que el resto de los quince propietarios condena porque, aseguran, ha dejado atrapados en sus casas a varios vecinos que dependen totalmente del ascensor para moverse. Entre ellos, una señora mayor que recibe quimioterapia, una persona con movilidad reducida y una chica recién operada a la que no se le recomienda el uso de escaleras.

El Ayuntamiento de Málaga sostiene que el aparato funciona “de forma parcial” para cubrir las necesidades del vecino acreditado con incapacidad. Sin embargo, el presidente de la comunidad, que prefiere mantener el anonimato, ha remitido un vídeo a este periódico donde se muestra al hombre intentando acceder al ascensor, que sigue sin corriente y precintado.

La denuncia por ruido

Según el expediente municipal, las mediciones realizadas en la vivienda del vecino denunciante detectaron que en el salón se superaba el límite en 3 decibelios (dBA) y en uno de los dormitorios, en 1. En el dormitorio principal, donde supuestamente duerme el afectado, no se efectuó medición alguna. En el punto quinto del expediente se recogía expresamente la orden de clausurar el ascensor.

El presidente de la comunidad recuerda que en reuniones vecinales se había planteado actuar sobre el ascensor para reducir el ruido, pero que los propietarios decidieron posponerlo porque estaban afrontando una rehabilitación del edificio valorada en 44.000 euros. De acuerdo con su relato, al intentar frenar la medida explicó a los agentes que en el edificio viven varias personas dependientes del ascensor: Jorge Ortiz, con un 65% de discapacidad motriz y usuario de silla de ruedas; Dolores Ruiz, de 80 años, que utiliza andador y recibe tratamiento de quimioterapia; y Margarita R., una joven con secuelas de varias operaciones. Pero asegura que el agente le indicó que cumplía órdenes y que tenía que proceder al precinto.

La comunidad insiste en que no hubo tiempo para buscar alternativas. El administrador acudió al lugar pocos minutos después, pero tampoco logró frenar la actuación. Según su relato, los agentes pidieron a la empresa de mantenimiento desconectar el suministro eléctrico del ascensor y colocar los precintos en todas las puertas.

“Me han privado de mi libertad”

Ortiz, de 67 años, asegura que desde ese día no ha podido salir de su vivienda, en la cuarta planta. “Me han privado de mi libertad. Llevo una semana entera sin salir de mi casa. Vivo en un cuarto piso y, como comprenderás por mi discapacidad, sin ascensor no puedo ir a ningún lado. Por suerte, mi mujer puede ir a hacer la compra y a las cosas necesarias, pero me han quitado mis paseos y mi libre albedrío”, lamenta.

Para este vecino, la medida es “muy cruel” tanto por parte del denunciante como por parte del Ayuntamiento. “Suspender un ascensor así es una medida muy injusta en la que no han reparado en las personas que lo necesitamos”, repite.

Los trámites tras la clausura

El lunes 1 de septiembre, el administrador de la comunidad remitió un informe al Ayuntamiento con los trabajos de mantenimiento realizados para arreglar los ruidos del ascensor y documentación médica de los vecinos con graves problemas de movilidad. La respuesta municipal, según el presidente, fue que “la comunidad debe contratar a una empresa externa para emitir un informe que confirme que los niveles de ruido son los correctos”.

Esa exigencia ha generado malestar entre los residentes, que alegan que mientras se tramita la contratación del perito, se realiza la nueva medición y se redacta el informe, el ascensor permanece inactivo y los vecinos dependientes siguen sin poder salir de casa.

“Este pasado lunes 1 ya hicimos los ajustes necesarios, pero la empresa de peritaje nos dice que va a tardar en venir al menos una semana y después, en elaborar el informe, otro tanto”, añade el presidente. Durante ese tiempo, insiste, “seguimos sumando tiempo en el que muchos vecinos están incomunicados".

El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga confirma que el procedimiento se ajusta a la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de energía. Explica que, tras recibir quejas reiteradas, se efectuaron mediciones en la vivienda del denunciante y se incoó un expediente en el que se advertía del precinto del ascensor si no se corregían los niveles sonoros. Desde la comunidad alegan que esta notificación no le llegó al presidente ni a los vecinos, sino a la expresa de ascensores, que no se la hizo llegar.

El consistorio añade que en estos momentos el ascensor ha sido engrasado y que su reactivación depende de que una empresa externa emita un informe favorable. “Funciona de forma parcial para cubrir las necesidades de movilidad de uno de los vecinos que ha acreditado su incapacidad”, señalan.