El alcalde asegura que la concesionaria no demandará a la Junta por el Metro

El temor de la Junta de Andalucía a ser objeto de una reclamación multimillonaria por no cumplir el compromiso de que el Metro de Málaga llegue a La Malagueta a principios de 2015 puede tener respuesta. Al menos si se formaliza negro sobre blanco lo que ayer se encargó de anunciar el alcalde, Francisco de la Torre, quien informó de la disposición de los socios privados en el proyecto, la unión temporal de empresas (UTE) encabezada por FCC, a renunciar a cualquier demanda contra la Administración regional por el retraso de la obra en caso de que el paso por la Alameda y el Parque se ejecute bajo tierra.

De la Torre aportó esta novedad tras asegurar haberse reunido el pasado martes en Madrid con el "representante máximo" de la concesionaria, en alusión a la multinacional FCC, accionista mayoritario. El regidor del PP, que asume un papel de mediador sin ni siquiera formar parte de la alianza público-privada que impulsa el ferrocarril urbano, aseguró que la parte privada rehusaría exigir una indemnización a cambio de que se pueda ampliar el periodo de explotación del suburbano, fijado en 35 años.

La versión dada por el alcalde, que con esta maniobra pretende eliminar una de las principales premisas que pone la Consejería de Fomento para apostar por el tramo en superficie y no soterrado, no fue confirmada por FCC. Un portavoz de la constructora declinó hacer valoraciones. En esta línea, la propia Junta se limitó a recordar que en el consejo de administración de Metro Málaga, al que pertenece con un 23% del accionariado, no se ha tratado en ninguna de las reuniones mensuales mantenidas hasta la fecha este asunto, ni ha existido planteamiento en estos términos por parte de los socios privados.

"Hay consejos periódicos y puedo afirmar de manera rotunda que no hay decisión alguna de ese órgano de gestión en el sentido de lo que expone el alcalde", afirmó el delegado provincial de Fomento, Manuel García, quien dijo felicitarse de que De la Torre "se sume al debate real y económico del Metro; bienvenido sea". "Las disposiciones verbales se tienen que traducir en documentos firmados por las partes", añadió.

El regidor, visiblemente satisfecho ante el supuesto logro obtenido, indicó que ayer mismo comunicó los términos de la cita a la consejera de Fomento, Elena Cortés, por carta y vía telefónica. A su juicio, la disposición mostrada por el accionista mayoritario abriría una senda que permitiría dar solución al conflicto que protagonizan las administraciones regional y municipal en relación a cómo debe el Metro pasar la Alameda y el Parque. "Están en la mejor disposición para buscar soluciones que permitan compensar los retrasos que pudiera haber en la obra con más plazo en la concesión", dijo el regidor del PP.

Todo ello, enfatizó De la Torre, sin que se ponga sobre la mesa "ningún tipo de indemnización". Una actuación que sí llevó adelante la concesionaria del Metro de Sevilla, que exige al Gobierno andaluz una compensación valorada en 145 millones de euros por algo menos de dos años de demora en la puesta en servicio del suburbano. Lo ocurrido en la capital hispalense es uno de los argumentos al que se agarra Fomento para defender la necesidad de cumplir los plazos comprometidos, que fijan la llegada de los trenes hasta La Malagueta a inicios de 2015. Algo que, conforme al actual calendario y a la escasez de fondos económicos, sólo se lograría con la construcción del tramo final, Guadalmedina-Malagueta, en superficie.

De ser cierto el posicionamiento de la parte mayoritaria de la concesionaria, De la Torre lograría anular uno de los pilares fundamentales de la propuesta autonómica. "Son noticias positivas que despejan el camino en la línea del diálogo que suponga respetar lo que estaba previsto", expuso, a lo que añadió: "Buscamos una salida que no dé motivos de preocupación a la Junta y no plantee el cambio de modelo de Metro a tranvía".

"Me ha parecido importante comentárselo a la consejera para que sea una línea en la que profundizar; estaremos encantados en ayudar a la redacción de cualquier acuerdo que permita asegurar a la Junta que, aunque se retrase dos o tres años llevar el Metro soterrado adonde está previsto, no tenga riesgo de inmediación", abundó De la Torre en sus explicaciones. Incluso, aseguró que los socios privados, en función de la capacidad económica de la Junta, tampoco verían mal la posibilidad de ejecutar en una primera etapa el tramo bajo tierra hasta la Plaza de la Marina, aplazando para otro escenario temporal la continuación hasta La Malagueta.

Lo que no hace este supuesto acuerdo es anular la losa que se sigue pesando sobre un proyecto que, de aceptarse esta vía, estaría abocado irremediablemente a la paralización. Asumido que la Junta carece de dinero suficiente para impulsar bajo tierra esta pieza final del recorrido, la obra quedaría estancada a la altura de El Corte Inglés, a donde, previsiblemente, los trenes llegarán a finales de 2014. A ello se suma la existencia de unas condiciones de pago con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aporta hasta el momento 325 millones de euros, organismo que exigía certeza en la viabilidad de la actuación y sus plazos y su terminación en 2015. Elementos a los que sumar el sobrecoste en la explotación, calculado en 10 millones anuales hasta llegar a La Malagueta, y la diferencia de 160 millones que hay entre hacer el tramo final a ras de calle (41 millones) o bajo ella (200 millones).