Tres bancos estudian la propuesta lanzada por compradores sin vivienda de Aifos de quedarse con la promotora y excluir del accionariado y de la gestión a su actual propietario, Jesús Ruiz Casado. Un grupo de acreedores que en su momento pagaron dinero por una casa que nunca les ha sido entregada trata de reunir apoyos para presentar antes del 4 de septiembre una propuesta de convenio en el Juzgado de lo Mercantil número 1 que tramita el concurso de acreedores.

Este grupo de acreedores particulares, representados por el abogado Carlos Cómitre del bufete Ley 57, empezó a estudiar la opción de promover un convenio en mayo. A finales de junio presentó su solución a otros afectados. Hasta ahora se han mostrado dispuestos a respaldar esta opción 30 letrados que defienden los intereses de cerca de 300 clientes de Aifos, además de tres entidades bancarias "importantes" que " han mostrado su interés y están estudiando la propuesta", según el letrado .

Si estos tres bancos finalmente se adhirieren, el grupo de Cómitre "probablemente" estaría en condiciones de poder presentar al juez su convenio y plan de negocio al representar más del 20% de la deuda ordinaria. Además, todavía falta la respuesta de otras entidades y que Sareb, entidad que congregó los activos tóxicos de la banca, "designe un interlocutor único".

Los bancos son los principales acreedores de Aifos. La empresa declaró el concurso en 2009 con un pasivo próximo a los 1.000 millones de euros, de los que cerca de 550 corresponden a créditos con privilegio especial y 111 a crédito ordinario (bloque en el que están también los clientes y proveedores de la promotora).

La propuesta que pilota el grupo de Carlos Cómitre consiste básicamente en reducir a cero el capital social de Aifos y abordar a continuación una ampliación a la que acudirían los acreedores ordinarios, convirtiendo parte de su deuda en acciones. De esa forma se harían con el control de la compañía, dejando fuera a Ruiz Casado.

El convenio para el que busca n apoyo pasa por capitalizar el 40% de la deuda ordinaria, mientras que el 60% restante se pagaría entre 2019 y 2022. Además, ofrece la alternativa para quienes no apoyen esta opción de asumir una quita del 20%, convertir otro 60% en préstamos participativos a 10 años y recuperar el 20% restante entre 2017 y 2019.

Carlos Cómitre sostiene que esta es la solución más razonable a la que pueden aspirar los acreedores particulares porque si la empresa va a liquidación los particulares perderán la totalidad de su dinero y si saliera adelante el convenio presentado por Jesús Ruiz Casado de entrada plantea una quita del 50% de la deuda ordinaria, mientras que la otra mitad se dividiría en dos bloques que se pagarían dentro de 9 y diez años. El abogado había previsto cerrar ayer, 25 de agosto, el periodo de consultas para buscar apoyo a la solución de los acreedores particulares. Sin embargo, "el número de consultas", sumado a las vacaciones y las fiestas de Málaga le han "aconsejado" ampliar el plazo para que los interesados comuniquen su adhesión a la propuesta.

En cualquier caso, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, encargado de este concurso, ha fijado el 4 de septiembre como fecha tope para que los interesados presenten propuestas de convenio y sus respectivos apoyos. El 30 de octubre concluye el plazo para depositar todas las adhesiones existentes y el 31 se celebrará la junta general de acreedores de la que deberá la solución final de Aifos: un convenio para pagar deuda y reflotar la compañía o su liquidación.