Málaga

La conversión pública de Limasa costará al Ayuntamiento cerca de cinco millones

  • La compra de las acciones correspondientes al 51% de la sociedad supondrá unos tres millones, a los que sumar cerca de dos más por la ejecución del fondo de reversión

Un camión de Limasa recoge la basura de los negocios de hostelería del Centro histórico. Un camión de Limasa recoge la basura de los negocios de hostelería del Centro histórico.

Un camión de Limasa recoge la basura de los negocios de hostelería del Centro histórico. / javier albiñana

La conversión de la actual empresa de limpieza, Limasa, en una sociedad enteramente pública le va a costar al Ayuntamiento de Málaga del orden de 5 millones de euros. Así lo señalaron fuentes próximas al actual proceso de transformación y puede confirmarse mediante la consulta de los estatutos originales de la empresa, en la que se dibuja la hoja de ruta a seguir para la compensación económica a los socios privados, poseedores del 51% de las acciones. De acuerdo con el esquema original, el valor asignado en su momento a las acciones 'privadas' fue de 1.000.000 de pesetas (6.000 euros) a extrapolar a los 510 títulos en manos privadas, lo que se traduce en un pago de 3.060.000 euros.

Este aporte se corresponde con uno de los conceptos que el Consistorio tiene que tener en cuenta a la hora de afrontar la recuperación íntegra de Limasa, fórmula considerada por el alcalde, Francisco de la Torre, como el más adecuado para poder avanzar en el trámite de municipalización del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. El otro componente tiene que ver con la ejecución del fondo de reversión, del que le corresponde a los privados algo menos de 2 millones.

Este precepto queda recogido en el artículo 9 de los estatutos de Limasa II. En el mismo se señala de manera literal que una vez concluido el plazo de 16 años de prestación de los servicios que constituyen el objeto social de la sociedad mixta, "se procederá a la determinación del resultado correspondiente al último ejercicio o fracción del mismo hasta la finalización de dicho plazo".

De modo que los accionistas privados "percibirán la partida de dividendo que les corresponda por el referido último ejercicio o fracción". "Después de cumplir todos estos requisitos, se procederá a la amortización del capital privado, abonando a los accionistas titulares de las acciones serie B (las de la parte privada), el importe total del valor nominal de dichas acciones, quedando el Ayuntamiento como único accionista de la sociedad", se agrega en ese mismo artículo.

En una reciente intervención, el alcalde fijó la posibilidad de que el proceso de municipalización quede resuelto a finales del presente mes o principios de noviembre. Una previsión que queda en duda debido a que en el momento actual siguen abiertas las vías de negociación con la plantilla, de un lado, y con los socios privados. En el caso de estos últimos, aunque los detalles económicos parecen cerrados, pueden existir ciertas discrepancias sobre la prórroga del contrato, vigente desde abril de 2017 (con un periodo máximo de ocho años), y la suspensión de la misma.

En el caso de los trabajadores, a la espera de que se conozcan los detalles finales del acuerdo, si es que finalmente se alcanza, uno de los elementos clave a ojos de De la Torre es que parte del salario quede ligada a la productividad de los operarios. En concreto, la suma afectada puede rondar los 2.800 euros mensuales, lo que equivale al 10% del salario medio.

El alcalde viene insistiendo en que para percibir esta cifra los trabajadores deben cumplir con una serie de requisitos previos. Los tres componentes que se quieren fijar tienen que ver con la asistencia al trabajo, de manera que un nivel alto de absentismo conlleve la rebaja salarial; medir el trabajo realizado y calidad del mismo. A modo de ejemplo, la idea es inspeccionar y comprobar "que el trabajo se hace adecuadamente". Para ello, resulta crucial la adquisición de una nueva maquinaria que permitirá medir algunos de estos parámetros.

Hasta la fecha la posición de los grupos de la oposición, incluidos los que históricamente vienen reclamando la municipalización de la sociedad, es contraria a la vinculación de parte del salario a productividad. Y ello puede resultar clave, dado que la decisión última en el proceso corresponde al Pleno, donde el PP se encuentra en minoría.

La hoja de ruta para la recuperación plena de Limasa fue dibujada en el último pleno por la concejala responsable del área, Teresa Porras. En el marco de un debate de una moción formulada por Ciudadanos, la edil propuso incorporar sendas enmiendas, finalmente rechazadas, para configurar la nueva empresa pública "acudiendo a los mecanismos que hay en el propio contrato y en el estatuto aplicándose al fondo de reversión". A esta sugerencia añadió "delegar a la Junta de Gobierno Local la creación de la comisión técnica con la que se iniciara le tramite administrativo necesario para la formalización del presente acuerdo". Pasos que tendrá que darse formalmente para que Limasa pase a ser 100% municipal.

Lo que parece cuestionable es que la nueva Limasa sea una realidad antes de finalizar el presente mes o inicios de noviembre, como apuntó el regidor. La propia Porras admitía a este periódico que la pretensión en este momento es que el proceso actualmente en marcha quede culminado antes de acabar el año. Entre las cuestiones que son objeto de negociación en la actualidad se incluye un nuevo convenio laboral, asunto que puede quedar afectado por las últimas sentencias judiciales sobre los recortes que sufrió la plantilla tras los acuerdos alcanzados con la empresa en el año 2013.

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