De dibujarse hace tres lustros como la gran operación residencial de Málaga, con más de 1.300 viviendas (400 de ellas protegidas), a ponerse en el tablero como la soñada city financiera de la capital de la Costa del Sol. Esa es la apuesta estratégica a la que trata de dar forma desde hace meses el alcalde, Francisco de la Torre, para los antiguos suelos de Repsol. El objetivo es incrementar de manera casi exponencial la aún escasa oferta de uso de oficinas de la ciudad. En pos de alcanzar este anhelo, el regidor parece estar dispuesto a renunciar a la mayor parte del aprovechamiento residencial que permite el actual planeamiento urbanístico y destinarlo a uso terciario.

Su plan pasa por transformar los parámetros edificables actuales. La ficha urbanística de estos terrenos le asignan algo más de 177.000 metros de techo edificable. De ellos, 93.212 metros son de uso residencial libre; 39.948 metros de VPO, y apenas 44.387 de uso terciario y empresarial. El nuevo reparto deseado por De la Torre elevaría a unos 130.000 metros el techo de uso terciario (oficinas, comercial y hotelero), primando fundamentalmente las oficinas. Ello en detrimento del aprovechamiento de vivienda libre, que quedaría reducido a apenas 8.000 metros (unas 90 viviendas), dado que la reserva de VPO ya está 'vendida' dentro de la operación de obtención de los suelos de Arraijanal.

El papel del Ayuntamiento en el futuro de este sector es clave, por ser el propietario mayoritario del suelo, aunque para poder ir adelante con la operación requiere también de la aceptación del otro propietario minoritario, el bautizado como 'banco malo', la Sareb, que tiene derechos para la construcción de 402 viviendas y algo más de 19.000 metros de uso terciario en una gran torre de 35 plantas (126 metros de altura).

De la Torre ha confirmado este martes que la pasada semana, aprovechando un encuentro informal con el presidente de la Sareb, habló de ello. "Están en esa reflexión", ha comentado el regidor, para el que el desarrollo de Repsol tiene que jugar "un papel dinamizador de la economía de Málaga". Más allá de su propio impulso, estima que ayudará a desbloquear el desarrollo de los suelos del polígono de San Rafael.

A la espera de conocer la posición final de la Sareb, sí se pone en evidencia la disposición del equipo de gobierno a renunciar al techo residencial que le corresponde, con posibilidad de edificar medio millar de vivienda libres, a cambio de incrementar el espacio de oficinas. Desde hace meses, son muchos los expertos los que ponen de manifiesto la importante demanda existente por parte de grupos empresariales o inversores para asentarse en la ciudad y, al mismo tiempo, lo corto de la oferta actual. La misma, en buena medida, tiene en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) su principal referente, con los inconvenientes de accesos que tiene en el momento actual.

A modo de ejemplo, un reciente estudio elaborado por MRC Consulting puso de manifiesto la necesidad que tiene la ciudad para "duplicar" la actual reserva de suelo para oficinas, alcanzado los dos millones de metros cuadrados. Y ello con el objetivo de situar a Málaga dentro de la liga referente de ciudades. Para ello, el informe apunta varios emplazamientos ideales para estos usos, caso del recinto ferial de Cortijo de Torres, el puerto de la capital (desarrollo de Muelle Heredia) y Repsol, entre otros.

A falta de una mayor concreción, que la apuesta de De la Torre salga adelante implicaría una variación considerable en las previsiones de ingreso que podría obtener la ciudad con los aprovechamientos de los que dispone en este sector, dada la diferencia de precio que podría alcanzar en el mercado el uso de oficinas frente al residencial. Sirva como referente que según las estimaciones realizadas por la propia Gerencia de Urbanismo, las 40 fincas que le corresponden del dentro del proyecto de reparcelación del sector, tiene un valor de unos 101 millones de euros. Ello tomando como punto de partida el peso del residencial.

Los mismos le llegaron como medio de pago por parte de los propietarios privados originales del suelo, incapaces de asumir los compromisos económicos pactados con el Ayuntamiento. A cambio de multiplicar por tres la edificabilidad del terreno, los privados se comprometieron a abonar 82 millones de euros, suma de la que sólo fue pagada 12 millones. Los otros 70 millones se 'pagaron' con suelo.