“Barcelona posa’t guapa”
El futuro de los trabajadores de la Fundación de la UMA se aplaza a septiembre
Un ERE, un ERTE o un cambio de las condiciones laborales de los empleados, las tres fórmulas propuestas por un catedrático de Derecho del Trabajo
El director de la FGUMA expuso 15 medidas para aumentar los ingresos
El rector encarga a la fundación privada de la UMA gestiones administrativas propias de la universidad
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) se da dos meses de plazo, hasta septiembre, para decidir el futuro de sus 101 trabajadores habida cuenta del desfase de en torno a 700.000 euros que acumula, según se acordó este lunes en una reunión del Patronato.
El rector, Teodomiro López, que actúa de presidente del mismo, llevó al encuentro al catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Vila, que a su vez es vicerrector de Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva. Vila, que no es miembro de este órgano decisor, se encargó de exponer ante los asistentes las que a su juicio son las tres únicas formas de enderezar la situación. Estas serían un ERE, un ERTE o un cambio en las condiciones laborales de los empleados.
No obstante, en la misma reunión el director de la Fundación, Eugenio Luque, no se mostró tan tajante y expuso hasta 15 medidas para aumentar los ingresos, algunas de las cuales se observarían "inviables", acorde a lo señalado por fuentes próximas al Patronato a este periódico. Es por esto que los presentes decidieron darse de margen hasta septiembre para tomar la decisión definitiva en un Patronato Extraordinario. Desde la Fundación, preguntada por este rotativo por la posibilidad de acceder al acta, se remitieron a declarar que se trataba de un documento interno.
La UMA aportará este año 1,2 millones de euros dirigidos a una decena de encargos. Una financiación que se antoja insuficiente para solventar el déficit acumulado que se prevé para este 2025. Esta entidad consigue también aportaciones por los cursos de español para extranjeros o los cursos de idiomas que imparte, pero estas habrían visto igualmente mermadas esas partidas por el descenso de las matriculaciones. Otras actividades como los tradicionales cursos de verano obtienen financiación, además de a través de los alumnos, por la aportación de patrocinadores.
De cualquier manera, este año el personal de la FGUMA deberá sacar adelante un total de diez encargos que le ha hecho la universidad. Algunos habituales, como los ya mencionados cursos de verano, la formación permanente de carácter abierto en la provincia, los mecenazgos o la asistencia a monitores y entrenadores deportivos.
Pero la novedad abarca desde el punto siete al décimo, todos encabezados con la frase "gestión administrativa de las actividades" y que afectan a varios de los vicerrectorados más importantes de la UMA, incluso a la Gerencia, a los que ahora se les descarga de diversas tareas burocráticas que la Fundación está obligada a realizar. Entre estas tareas figuran gestionar las redes sociales del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, pedir la documentación a los profesores que opten a una plaza o colaborar semanalmente en la web de Cultura para publicar noticias, entre otras.
Varias fuentes jurídicas consultadas por este periódico cuestionan, sobre todo, las labores que corresponden al vicerrectorado de Ordenación Académica y la propia Gerencia y que ahora se externalizan. La Guía sobre Contratación Pública y Competencia de febrero de 2023 señala que no está justificado un encargo a un medio propio "para suplir las carencias estructurales de personal o para realizar actividades que impliquen ejercicio de potestades públicas o administrativas", como sería en este caso.
Incluso recomiendan que en el escrito no se empleen referencias genéricas e imprecisas en el objeto del encargo, tales como "apoyo a la gestión". Justamente el rector utiliza en varias ocasiones esos mismos términos en su orden, según la memoria de ese documento consultada por este periódico.
También existe jurisprudencia sobre la materia. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que rechazó la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la apertura sin autorización de un pozo de agua. El organismo público tramitó parte del expediente a través de una empresa mercantil bajo su control y no prosperó en su recurso de casación que alegara que esa sociedad sólo le había prestado "asistencia técnica".
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