La lucha con la corrupción en España tiene nombre propio: Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956). De su capacidad y habilidad jurídica dependerá el resultado de la operación Malaya, el mayor proceso judicial contra la corrupción política en España. En su cabeza están los 170 tomos del sumario y 50 cajas con documentación. En total 170.000 folios en los que se enredan centenares de sociedades que llegan hasta paraísos fiscales en operaciones internacionales hasta ahora inéditas en una sala judicial. Y esto no es todo. El próximo 15 de marzo está previsto que comience el juicio por el caso Ballena Blanca, considerada la mayor causa contra el blanqueo de capitales del país. El procedimiento ocupa otros 80.000 folios. Además se ha hecho cargo de las operaciones Hidalgo, contra el blanqueo de dinero, y Troya, contra la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande. Estos cuatro macroprocesos los ha combinado con otros ocho procedimientos judiciales derivados de esas investigaciones.

El día que el centenar de procesados en Malaya se sienten en el banquillo, López Caballero, delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, tendrá enfrente a un centenar de abogados: socios principales de despachos nacionales, catedráticos y, en definitiva, juristas de primera división con las uñas afiladas. Previsiblemente ese día contará con ayuda, pero será un refuerzo de último minuto, cuando el gong final esté ya a punto de sonar.

Juan Carlos López Caballero es un hombre circunspecto. Ni se ha convertido en un fiscal estrella, a pesar de la espectacularidad de los casos que ha asumido durante los últimos cinco años, ni se ha entregado al lamento, ni ha arrojado la toalla. Ha acudido personalmente a todas y cada una de las declaraciones que se han producido durante la investigación de estas causas generalmente en jornadas mataratonianas que se prolongaban hasta entrada la madrugada, ha informado personalmente en todos los momentos de los procedimiento y nunca ha reclamado apoyo públicamente. Sus compañeros afirman que tampoco en privado.

Pero, ¿fue un acierto que estuviera tanto tiempo solo al frente de los macroprocesos? “No se entiende que la Fiscalía Anticorrupción no haya enviado a ningún fiscal de apoyo desde Madrid, pero no ahora, sino desde el comienzo. El volumen de trabajo que ha asumido es absolutamente excesivo”, afirma el fiscal Antidroga, Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar, otro veterano de la Fiscalía de Málaga. “El día del juicio se tendrá que enfrentar a 100 abogados. Cada uno sabe todo de su cliente, pero él tendrá que saberlo todo de todos”.

Francisco Luque, coordinador del área civil de la Fiscalía de Málaga, sabe de lo que habla cuando sopesa la magnitud del trabajo del fiscal Anticorrupción. En los años 90, cuando se hicieron los primeros intentos de sentar a Jesús Gil en el banquillo, recuerda que el ex alcalde de Marbella se le encaró: le recordó que estaba solo “frente a  más de 40 abogados con los mejores medios y los mejores asesores. Ahora no son 40 abogados, son cien”.

Pero López Caballero sigue sin quejarse. Cree que si ha estado solo estos cinco años ha sido simplemente porque inicialmente era el único miembro de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga y no había otra opción. Lo único que pide es que los juicios de los macroprocesos no se celebren a la vez, sino de forma consecutiva porque “aunque pueda incorporarse otro fiscal son hechos complejos y no es fácil ponerse al día”.

Afirma que nunca ha sentido la tentación de abandonar y asume el trabajo como viene, sin más aditamentos: “Si no hubiera hecho esto, habría estado ocupado en otros asuntos. En la Fiscalía de Málaga siempre hay mucho trabajo”. Le cuesta doblegar su carácter reservado para reconocer que han sido cinco años de trabajo constante: de la mañana a la noche, en la oficina y en la casa. Pero enseguida apunta que “muchos compañeros también lo hacen. Preparar los escritos exige mucho trabajo intelectual, mucho estudio y a veces el bullicio de la oficina no te permite concentrarte, así que es mejor aislarte”.

Se sacude rápido los halagos. Recuerda que no es ningún pionero en terreno hostil, sino alguien que tuvo la suerte de encontrarse mucho trabajo hecho: “Cuando empezó Malaya ya estaban los procedimientos de Saqueo I y II en la Audiencia Nacional y los informes del Tribunal de Cuentas han generado 30 procedimientos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella”. Y remata que el trabajo “se mide por los resultados” que no llegarán hasta que “se celebre el juicio y haya una sentencia que de un modo razonable recoja los planteamientos de la Fiscalía. Mientras tanto, no hay lugar para el ego”.

Pero mientras tanto lo que Malaya, Ballena Blanca o Troya sí le han permitido es tener claro cuál debe ser el futuro de la Fiscalía: “Estos procesos deben enseñarnos que la llevanza de estos asuntos necesitan desde el principio de un trabajo en equipo. Requieren dotación de medios materiales y personales con redefinición de las competencias”. Esto quiere decir que las macroinvestigaciones deben estar en manos de grupos que comprendan tanto a varios fiscales como a unidades especializadas de la Policía y de la Agencia Tributaria con capacidad para asumir funciones auxiliares.

El fiscal Anticorrupción afirma que durante este lustro ha trabajado con funcionarios de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria “magníficos”, pero  en el juicio serán simplemente testigos sin que la Fiscalía pueda recurrir a ellos “como órganos de auxilio y apoyo”.

Esta fórmula, que advierte “no es una ocurrencia”, sino una adaptación a los tiempos que ya funciona en países como el Reino Unido, Holanda, Suiza o Alemania, proporcionaría “raciocinio y lógica” porque son causas que “tienen un aparataje complejo para articular pruebas en el juicio y eso requiere una infraestructuras que ahora no tenemos y solventamos con voluntad”. Para Juan Carlos López Caballero, “el ideal” sería que los fiscales contaran con  expertos de Hacienda y de la Policía adscritos a la Fiscalía que pudieran prestar auxilio para salir al paso de las alegaciones y planteamientos de las partes.

En la actualidad la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado cuenta en Málaga con tres fiscales, pero el volumen de asuntos y la complejidad de los casos es tal que, ni siquiera, trabajan en equipo, sino individualmente. Cada uno se ocupa de una serie de asuntos en solitario. Los medios no dan para más. Haría falta por lo menos doblar esta plantilla, de acuerdo con las estimaciones del delegado, lo que permitiría, además, afrontar también los casos de crimen organizado hasta ahora desplazados a un segundo lugar “por falta de tiempo”.

Aunque no escatima elogios para valorar el trabajo que han realizado los jueces instructores de Malaya, Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez, aprecia que la movilidad de los jueces es un “problema serio” que entorpece los casos complejos. Pese a que ambos instructores contaron con magistrados de apoyo en el juzgado, no gozaron de exclusividad absoluta puesto que tuvieron que compatibilizar la investigación de Malaya con otros asuntos. En este sentido cree que “la experiencia de Marbella” permite concluir que lo idóneo sería crear órganos judiciales especializados “más amplios, con competencia provincial o incluso regional, especializados y con permanencia en el tiempo”. “Son ajustes que no implican un gran coste”, porque no se trata de crear más funcionarios, sino de reorganizar los existentes de acuerdo con los tiempos.

Los cinco años de seguimiento del rastro de Malaya, por media España y los principales paraísos fiscales del planeta, le han dejado la convicción de que no se ha podido encontrar todo el dinero que la trama y en concreto su cerebro, Juan Antonio Roca, presumiblemente han manejado. “No consta en la causa, es sólo una hipótesis de trabajo que no se puede descartar porque sí hay evidencias del uso de refugio de cuentas en paraísos fiscales sujetos a secreto bancario de donde no hemos podido obtener información”. Por eso, y por los numerosos procesos judiciales abiertos, cree que si Roca lograra la libertad antes del juicio podría eludir la acción de la Justicia.

Mientras barrunta el fondo oculto detrás de Malaya, López Caballero invierte días y noches en preparar el escrito de acusación. Serán por lo menos medio millar de folios en los que tratará de enhebrar nombres, iniciales, cantidades y fechas. El juicio se espera que pueda arrancar en septiembre, aunque para el fiscal Anticorrupción “si se señala para este año ya sería un plazo más que razonable”. A la vez se deberán celebrar también la vista oral de los juicios de Ballena Blanca y La Parrada, al tiempo que siguen su curso los casos de blanqueo de capitales contra Julián Muñoz e Isabel Pantoja, entre otros. La guitarra flamenca y el golf, las dos aficiones de este hombre circunspecto deberán esperar.