El proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla entra de lleno en un laberinto judicial cuya culminación nadie se atreve a predecir. La reciente sentencia en la que se condena a Nas Marbella, empresa del jeque Abdullah Al Thani, a pagar 3,8 millones de euros al arquitecto José Seguí por los trabajos realizados y no remunerados, ha venido a dificultar más aún el escenario en el que se viene moviendo esta infraestructura desde hace algo más de tres años, cuando fue adjudicado a la empresa catarí. Un periodo en el que sigue sin ver la luz el proyecto constructivo a ejecutar en la marina, conforme a los compromiso asumidos por la concesionaria.

Precisamente, la deuda existente por parte de Nas Marbella hacia Seguí motivó la decisión del juzgado de Marbella encargado de esta causa de imponer un administrador judicial sobre las acciones que el jeque tiene de la concesión del puerto, que alcanzan el 97%. Una circunstancia que motivó días atrás la duda en el seno de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) sobre los pasos que puede o no dar en la exigencia para que se cumpla con el objeto de la concesión.

El interrogante, no obstante, ya tiene respuesta. A juicio de los servicios jurídicos del organismo autonómico, es el administrador judicial en el que en el presente escenario "debe velar por el cumplimiento de las condiciones de la concesión, de la que forma parte por ejemplo la elaboración del proyecto de construcción", explicaron fuentes del ente. Las mismas indicaron que recientemente se les ha solicitado además que por escrito confirmen si su papel es únicamente el de administrar las acciones.

"Queremos que nos confirmen si tienen disponibilidad económica para afrontar el gasto derivado de las obligaciones de la concesión", añadieron las fuentes consultadas, que abundaron en la idea de que debe ser este administrador el que dé los pasos necesarios para encargar el citado proyecto. En cualquier caso, desde la APPA subrayan el buen tono de las conversaciones mantenidas hasta la fecha y que, por el momento, no se contempla medida "coertiva" alguna en este asunto. "Sabemos el lío judicial que hay y que acaban de empezar a administrar el accionariado", apostillaron.

La labor de administración judicial de Nas Marbella recae en la firma UHY Fay & CO. Uno de sus socios, Joseph Fay, explicó que sus papel no es otro que el de "ver cuál es la situación económica actual de la empresa, las previsiones de pago que hay que hacer de los cánones, la situación administrativa con la APPA y con todo eso informar al juez a través de informes mensuales". Todo ello hasta que exista una resolución al conflicto abierto sobre la deuda de Nas Marbella con el urbanista. La pasada semana se conoció la decisión de los abogados del jeque de recurrir el fallo judicial.

"Nuestra prioridad como administrador judicial es mantener viva la concesión administrativa y así se lo hemos expresado a la APPA en Sevilla; hemos visto que la APPA está receptiva y por la labor para que el proyecto se lleve a cabo lo antes posible", explicó Fay, quien agregó: "Lo que nos pide el juez es que administremos las acciones, con lo que pasamos a hacer un poco la labor de principal accionista; los gestores de la sociedad nos tienen que rendir cuentas, pero no sustiuimos la gestión propiamente dicha en este momento".