Isabel Agüera fue la primera mujer que denunció un caso de robo de bebés en la provincia. De eso hace ahora tres años y no solo no ha habido avances, sino que le han archivado la denuncia hasta en dos ocasiones sin darle mayores explicaciones. Lejos de desanimarse, Agüera se ha convertido en una luchadora incansable y en un referente para todos los casos de bebés robados. Es una ciudadana más, anónima, pero su empuje y su empeño en que no se olviden esas supuestas atrocidades le llevó, sin tener experiencia previa, a constituir una asociación -llamada Aberoa- que ya tiene 400 miembros en Andalucía.

Vive en Estepona, cuida a su madre y al resto de su familia pero eso no le ha impedido acudir a donde haga falta para defender la causa. Viajó a Madrid el año pasado para, junto a las representantes de otras asociaciones, reunirse con los ministros de Justicia, Sanidad e Interior y con el fiscal general del Estado para tratar de impulsar las investigaciones. Sin embargo, salió totalmente decepcionada. "No salí esperanzada porque no nos dieron ninguna esperanza. Todo se quedó en promesas. Solo hicieron una oficina de atención a las víctimas que no nos sirve de nada porque ya la teníamos", apunta Agüera, quien cree que "ni la fiscalía, ni la policía, ni los jueces ni el gobierno están poniendo el más mínimo interés en este caso". También se reunió en Sevilla con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía y con parlamentarios andaluces, sin obtener tampoco grandes resultados.

A lo largo de estos años ha conocido a decenas de familias afectadas tanto en Málaga como en Andalucía, organizó una recogida de muestras de ADN para tener los datos en laboratorios privados -reclaman al Gobierno que se haga un banco público de ADN pero tampoco se ha hecho- y cada mes se concentran en la puerta de la Ciudad de la Justicia para exigir que no se archiven los casos. En Málaga se han puesto casi un centenar de denuncias pero, según señala Agüera, "la mayoría se han archivado por falta de pruebas". A ella le ha ocurrido lo mismo. En junio de 2010 denunció ante la fiscalía que su madre, María Vázquez, se puso de parto el 15 de agosto de 1970 tras llevar varias semanas hospitalizada por problemas en el embarazo. Dio a luz, según el documento que le dieron, a "un feto hembra de nueve meses de gestación". De golpe y porrazo, las matronas le dijeron que la niña había muerto, pero no le enseñaron el cadáver. Curiosamente, había dos documentos de defunción con fechas y causas de muerte distintas.

Era una hermana pequeña de Isabel y ésta, varias décadas después, decidió investigar y denunciar. Sin embargo, no ha recibido el apoyo que pensaba de las instituciones. "Yo no tengo acceso a los registros y las pruebas y la policía o los fiscales, que sí lo tienen, no nos dicen nada. En mi caso, se limitaron a llamar a la matrona, que había muerto, y al ginecólogo, que alegó demencia senil para no declarar, pero hay más personal sanitario que estaba allí y a los que no se ha llamado", lamenta Agüera, quien asegura sentirse "muy impotente porque ya no sé donde recurrir". Cuenta con el apoyo de su familia y, pese a las dificultades, no se arruga. Dice que si un día encuentra a su hermana -si realmente no falleció- lo gritará a los cuatro vientos para que "paguen los culpables, se sepa lo que se cometió y se vea que no estamos locos".