Málaga rechaza todas las alegaciones y aprueba definitivamente que no haya más pisos turísticos en 43 barrios saturados

Ninguna de las alegaciones presentadas contra la modificación del PGOU para prohibir que haya nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de Málaga que ya están saturados ha sido aceptada por el Ayuntamiento de Málaga, que aprueba de esta manera definitivamente su intención de poner coto al alquiler vacacional. Habían presentado alegaciones tanto el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), como la Asociación de Viviendas Turísticas (AVVAPro), Izquierda Unida, Con Málaga, el Colegio de Arquitectos o la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo. También lo hicieron particulares y la Asociación de Vecinos de las Torres de Martiricos, aunque estos no lo hicieron en plazo. Todas sus propuestas han sido desatendidas y la prohibición, al menos mientras se modifica definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue adelante.

Carmen Casero, concejala de Urbanismo, ha defendido que en el expediente está justificado "el interés público y la proporcionalidad de las medidas que se adoptan", habiéndose puesto en duda por parte de la asociación de viviendas turísticas. Estos venían defendiendo que se debería justificar consecuentemente que no se pueda exceder el 8% de viviendas turísticas sobre el total de los barrios. El Ayuntamiento se acoge a un informe externo, encargado ad hoc, en el que se certifica que ese es el límite a partir del cual el precio del alquiler de larga estancia se ve influido por la presión turísitica y crece.

También había numerosas alegaciones defendiendo la retroactividad de lo ya presente en el PGOU (es decir, que desde 2014 se exija una entrada y servicios independientes al resto de la comunidad) o pidiendo ir aún más allá con la prohibición. La oposición de izquierdas (PSOE y Con Málaga) ha tildado de insuficiente la medida al dejar abierta la posibilidad de que la vivienda turística siga creciendo en los demás barrios. Cabe recordar que donde aún se permite la instalación de alquileres vacacionales, estos deben cumplir con el requisito de tener entrada y servicios independientes.

Cabe recordar, al hilo de esto, que la semana pasada el Ayuntamiento contrató a la empresa Informa D&B SAU SME por algo más de 18.000 euros para hacer un seguimiento de los pisos turísticos. Ellos deberán ser los encargados de monitorear en internet los pisos que se ofrezcan y su localización, para mapear al instante cuáles son los que se salen de lo permitido o, en aquellos barrios cerca del 8%, cuánto queda para el límite que no permita ni uno más. Además, también deben servir para acercarse más a una cifra real de piratas.

Cabe recordar que De la Torre prometió el pasado mes de marzo una "moratoria global" que prohibirá la inscripción de nuevos pisos turísticos durante los próximos tres años. El tiempo hasta que se produzca la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya anunció y por la que se regulará la posibilidad de implantar nuevos alquileres vacacionales en viviendas en la ciudad. Esta, aunque debía darse "esta semana o la que viene" en Junta de Gobierno Local, aún no ha pasado por la misma para certificarse. El regidor, posteriormente, dijo que sería "antes de verano", subrayando que sería una realidad más pronto que tarde.

El alcalde hizo este anuncio días antes de la tercera manifestación convocada por la vivienda asequible, aunque dijo que ambas no tenían relación ninguna.

El Consistorio aprobó el pasado mes de diciembre –con un mes de retraso– la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que pone un límite del 8% sobre el total de viviendas a las dedicadas al alquiler turístico. En estos 43 barrios, el porcentaje ya lo supera. Lo hizo atendiendo a un informeen el que se determina que a partir de este porcentaje el precio de los alquileres sube significativamente en los barrios, suponiendo, reconocen en el estudio, que se obligue a sus residentes a abandonarlos de forma "clara, inequívoca y objetiva".

Si la retroactividad fuese una posibilidad jurídica, en Málaga capital deberían eliminarse 3.461 viviendas de uso turístico (VUT) en 43 barrios que ya están saturados. En este sentido, el barrio que sale peor parado entre los saturados es el Centro Histórico. En la almendra que delimita el barrio hay, según el estudio, 4.600 casas en total por lo que el máximo que podría acoger son 368 para acoger a visitantes de corta estancia. En su lugar hay 1.693 o, lo que es lo mismo, 1.325 más de las que sería sostenible.

En el estudio en que se basa la prohibición también se concluye que el aumento de viviendas turísticas retira la oferta del parque de alquiler a largo plazo y de vivienda vacía, y certifica que su rentabilidad es muy superior al largo plazo –hasta 44.900 euros genera de media en la zona de El Puerto, cinco veces que si estuvieran dedicada al residencial–.

Los 43 barrios iniciales donde se verá esta limitación total serán: el Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, el ensanche del Centro, La Goleta, San Felipe Neri, la Trinidad, Conde Ureña, Cristo de la Epidemia, la Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel norte, plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, playas de El Palo, camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, la playa de Pedregalejo, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y los diseminados de Puerto de la Torre.