La muerte de la sanidad pública en Andalucía

Infrautilizar un quirófano de cirugía vascular o de otros servicios porque es el jefe de servicio quien quiere en exclusividad su uso, es someterse a la esclavitud de los intereses políticos. Potenciar el egocentrismo de algunos profesionales es atacar a la sanidad pública en sus más elementales principios. Estos hechos, de momento, no deben de darse en la atención hospitalaria pero igual lo incluyen en un futuro a través de otra orden de tarificación de prestaciones de servicios de la Consejería de Salud.

Las intenciones del gobierno andaluz son claras: potenciar el poder de unos profesionales de ciertas categorías para después posteriormente y cuando estén solos poder desarmar la equidad, universalidad y gratuidad de nuestra sanidad pública. Desde que se produce la alternancia en el gobierno andaluz, hasta en lucha contra la pandemia del Covid, solo se ha trabajado desde el primer día en desarmar un sistema sanitario que funcionaba, aunque con deficiencias, por uno pensado en compensar a los empresarios de la sanidad privada.

Los presupuestos de nuestra comunidad autónoma recogen que el 33% del gasto del presupuesto sanitario en las cuentas de 2023 se destina al sector privado. Para este año, los presupuestos contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados, un 25,16% más que en 2022 (195.745). Las derivaciones para intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados también se disparan respecto de las de este año. De las 82.214 previstas en 2022, se han programado 127.782 para 2023, un 55,42% más. Los estudios diagnósticos en hospitales concertados se duplican para el año que viene, pasando de 202.217 a 486.001. Las hemodiálisis concertadas se incrementan en un 58,35% para 2023, donde se prevé atender a 722.10 pacientes, frente a los 456.204 de 2022.

El proyecto de orden por el que se desarrolla el sistema y tarificación de convenios de conciertos que suscriba el SAS para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, lo diseñan como permeable, pero no beneficiará a los pacientes de la sanidad pública, solo beneficiará a los grupos empresariales de la sanidad privada; quienes no tienen que invertir en infraestructuras ni en dotación tecnológica, abonarán una tarifa por el uso de las instalaciones y tecnologías de la sanidad pública. Esto al final hará que los ciudadanos sin seguro privado se vean relegados en la prestación de asistencia sanitaria. El SAS se dedicará a ser un negocio en busca de beneficios olvidando los principios definidos en la Ley de Salud de Andalucía.

Esta modificación permitirá la vuelta a los reinos de taifas en la sanidad pública andaluza, se beneficiarán aquellos profesionales que no tendrán que desplazarse a otros recintos sanitarios para atender sus pacientes privados y si los atienden en las tardes de compensación salarial entremezclando pacientes públicos y privados su beneficio privado será mayor para ellos y las empresas para las que trabajan. En los reinos de Taifas será un visir quien establezca los criterios prioritarios en la atención sanitaria listas de espera quirúrgica y diagnóstica en función de su beneficio personal.

Nadie (clase política) se ha preocupado en difundir que en la sanidad pública hay más colectivos de profesionales que desarrollan su trabajo para facilitar que los pacientes sean citados, tengan sus informes clínicos, se le hagan las pruebas complementarias necesarias, se le traslade o movilice, se le asee y/o se le facilite su alimentación y confort. Todos los profesionales somos imprescindibles para que funcione en unos tiempos óptimos y con la calidad necesaria.

¿Si tenemos falta de espacio físico y de equipos durante las mañanas para atender a los pacientes(hay consultas utilizadas por dos profesionales en el día) cómo se plantean alquilar estos espacios a entidades privadas?

En mi provincia se empieza a comprender la razón por la que no se cumplen las promesas presidenciales de empezar a ampliar las instalaciones sanitarias. Se garantiza que las empresas de sanidad privada amorticen las inversiones realizadas en solitario y que posteriormente se ofrezcan a invertir en el nuevo hospital de Málaga, ese que va cambiando su fecha prevista de apertura. ¿La osadía de la Junta llegará a plantear se haga con colaboración público-privada?

El presidente de la Junta se comprometió ante los medios a alquilar las instalaciones del antiguo Hospital Pascual y dotarlo con personal de las bolsas de contratación del SAS en el primer trimestre del año 2023, pero quizás por los intereses de los empresarios de la sanidad privada esto no se realizará hasta final de 2023. Mientras nos faltan camas, quirófanos y profesionales de todas las categorías en la sanidad pública malagueña. Nadie pide explicaciones a nuestros gobernantes, pero esto lo pagaremos en un breve espacio de tiempo.

Quizás nuestros jóvenes no vean entre sus prioridades la defensa de la sanidad pública gratuita, universal, con equidad; pero con los míseros salarios que cobran no pueden pagarse un seguro privado de salud y el avance de la edad les hará que sean usuarios de mayor uso de los servicios sanitarios. Ya hoy deben de defender la sanidad pública para que sus padres puedan ser atendidos sin coste en la sanidad pública, permitir asomar la patita a los empresarios privados, aunque inicialmente se haga sin coste para el ciudadano es consentir el fin del derecho a la sanidad pública de calidad.

Una vez iniciado este ataque contra la sanidad pública, justificada en la rentabilidad de las inversiones e instalaciones, nos sorprenderán potenciando el uso de tickets para abonar al profesional que nos atienda y posteriormente con el pago en metálico de la prestación sanitaria y que después nos compensarán total o parcialmente. Vuelta atrás, se trabaja en volver a una sanidad de beneficiencia para la gran mayoría de la ciudadanía que compartirá instalaciones con aquellos que puedan pagarse un seguro privado.

Poner por encima el beneficio privado y/o particular sobre el beneficio de la comunidad es una pésima elección. ¿Qué pasará con los trasplantes de órganos?, ¿qué pasará con las intervenciones más costosas?, ¿la diálisis será abonada parcialmente por el paciente?, ¿Quién garantizará el orden de prioridad de listas de espera quirúrgicas y diagnósticas?

Alimentar económicamente a los que facilitan que el poder quede a merced del negocio privado es el objetivo que se alcanza con este borrador de la Junta de Andalucía. Darán mejores retribuciones a unos cuantos profesionales y seguirán ignorando al resto de categorías profesionales de la sanidad pública hasta que estos favorecidos se queden solos y en ese momento no habrá vuelta atrás.

En su campaña electoral criticaron que los profesionales de la sanidad pública en Andalucía cobraban por debajo de la media española (hecho verdadero), ahora que gobiernan buscan que los salarios de la sanidad pública y privada se igualen por el nivel más bajo que son los del sector privado. Con esta forma de actuar solo beneficiarán al final a una categoría profesional sanitaria y hasta llegar a ese punto irán callando bocas a algún que otro colectivo que finalmente será dejado en el olvido.