Este martes el Ministerio de Vivienda presentó un Sistema de Referencia Estatal de precios de la vivienda en alquiler con el que pretenden marcar unos límites para las zonas donde los pisos no son accesibles. Este, que presenta una horquilla en el que deben establecerse los anuncios, se encuadra dentro de la Ley de Vivienda, que permite topar, en las comunidades que así lo decidan, el precio. En caso de Málaga se declarase como ciudad tensionada los precios de sus anuncios bajarían, de media, 500 euros. 

Esto, de momento, es ciencia ficción, porque si bien es una posibilidad que abre el Ministerio de Vivienda, son las comunidades autónomas las que deben decidir si acogerse o no a la medida y de momento la Junta de Andalucía ha mostrado un rechazo frontal y sólo Cataluña va a aplicarlo en territorio nacional. La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, criticó con dureza a las autonomías populares en una entrevista con este medio, lanzándoles un guante: "¿Si no van a usar esta herramienta, ¿qué van a hacer?". 

En este encuadre, Málaga Hoy ha hecho un ejercicio para tratar de averiguar cuánto descenderían los precios de los pisos ofertados en la ciudad en caso de que se impusieran. Para ello, se ha seleccionado un anuncio de cada uno de los distritos de la ciudad tratando que estén en la media de precio de los ofertados en un conocido portal inmobiliario y ha hecho una media de cuánto excede sobre la media de la horquilla que propone el Ministerio para ese piso. 

De los datos se concluye que el precio está inflado en 532 euros de media que si se topasen los precios, que van desde los 1.000 euros que se exceden en El Ejido hasta los 45 euros de Campanillas. 

En el distrito Centro, se ha seleccionado un piso de El Ejido con 70 metros cuadrados anunciado por 1.600 euros, por los 600 euros de media que propone la referencia ministerial. Es decir, el anuncio está un 62% más alto de lo que debería estar si se aplicase la ley de vivienda. 

En el Este, la media de los anuncios se fijaba en un anuncio por 1500 euros para 70 metros cuadrados, donde el Ministerio propone que se cobren 685 euros, por lo que se exceden 815 euros, un 54%. Porcentaje similar al de Carretera de Cádiz, donde sube un 51%, de los 1.140 euros por los que se oferta una vivienda de 74 metros cuadrados a 550 que marca la ley, 590 más. 

Algo más alto es el porcentaje de la oferta seleccionada en Puerto de la Torre, un 57%, donde un piso de 75 metros cuadrados de nueva construcción se oferta por 1.600 euros, por 680 que marca el Ejecutivo en caso de se aplicase la media de la horquilla propuesta. 

En calle Doctor Marañón, distrito Palma-Palmilla, ofertan 75 metros cuadrados por 1.300 euros, 600 por encima de los 700 que se debería fijar de media si la oferta estuviese en una ciudad tensionada catalana. En Churriana, por 80 metros cuadrados piden 1.200 euros, por los 710 que marca la referencia, un 40% más. 

En Cruz de Humilladero, otro de los barrios populares, el incremento es del 38%, de los 950 que se oferta a los 580 que debería marcar. Parecida es la subida en Teatinos, donde la oferta real es de 1.200 euros y la propuesta por el Ministerio está en 715 euros, un 40% más. 

Donde menos horquilla hay entre el precio real y el propuesto es en Ciudad Jardín y Campanillas. En el primer distrito la diferencia es de sólo 200 euros y en el segundo de 45, lo que supone un 23% y un 15% más que si se aplicase la ley de vivienda. 

Sin embargo, este ejercicio es continuar con la ciencia ficción de la aplicación de la medida, algo que los gobiernos populares ya han anunciado no harán porque, siguiendo el mismo argumento de portales inmobiliarios o promotores, en caso de aplicarse se reduciría la oferta y el problema habitacional sería aún mayor, empujando al alquiler a la zona oscura de la ilegalidad, por lo que acabaría perjudicándose al ciudadano. 

Desde Moncloa y los partidos que forman el Gobierno central, defienden que esta medida supondría que los habitantes no destinen más de un 30% de su salario a la vivienda, acorde a las recomendaciones de los expertos. Cataluña será el primer lugar en el que se certifique cuál de las dos posturas está más cerca de la realidad.