Los promotores llevan años adoleciendo de falta de suelo finalista en el que levantar viviendas. Tanto es así que es frecuente que los nuevos proyectos inmobiliarios, envueltos en marañas de burocracia, lleguen a retrasarse hasta una década, lo que hace aumentar su precio final de manera extraordinaria. Es por esto que desde Fadeco, la patronal del sector, han presentado el proyecto Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibles (IMPASS) que busca incrementar la oferta de suelo para poder construir más viviendas con menos demora y "a precio asequible" a través de la consecución de más financiación, y con la vista puesta en la ecología. En concreto, prevén que se pueda generar suelo urbanizado suficiente para la creación de más de 50.000 viviendas en Andalucía. 

La iniciativa, según ha desgranado el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado, se marca cuatro vías a través de las que atajar los problemas que atañen al sector, tales como incluir los proyectos en la Oficina Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, estrechar lazos con la banca para obtener una mayor financiación, compensar la apuesta sostenible con un incremento de la edificabilidad protegida y conseguir ayudas directas sobre las partidas de obra que permitan una mayor eficiencia de recursos y ahorros en la posterior explotación. 

Peinado, asimismo, ha realizado un balance de la situación actual, en que es "habitual superar los 10 años en la tramitación" de suelo, siendo necesario acometer "una inversión mínima de 25 millones de euros en infraestructuras de dotaciones y servicios por cada 1.000 viviendas que se pretendan construir". La demora, por su parte, también supone "un altísimo impacto" que cifra en "un coste extra del 20% de la inversión por cada año de retraso".

A lo que ha añadido la "inexistente" financiación externa que hace "inviable" acometer proyectos de grandes dimensiones a los promotores, siendo imposible aproximar el nivel de la oferta a la demanda; de esta manera, la financiación bancaria "podría suponer una reducción del 15% anual sobre el coste de obra incurrida". Es por esto que también piden la aportación de fondos Next Generation para el levantamiento de urbanizaciones sostenibles, partidas que por el momento se destinan a obras menores como "cambiar fachadas y ventanas y la regeneración urbana". 

En otro orden de cosas, el presidente de los promotores ha indicado que la ley de vivienda "puede suponer la paralización" en lo que a desarrollo del suelo se refiere. Esto lo justifica en un escenario de viabilidad complejo, toda vez que el aumento de la dotación VPO sólo tiene dos maneras de acomodarse, "paralizando la actividad o incrementando aún más la presión de la vivienda libre". Motivos por los que plantea estudiar una compensación de mayor edificabilidad de vivienda protegida. 

Por su parte, la consejera de Articulación del Territorio, Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, presente en el acto, ha destacado la necesidad de "agilizar los procesos para pasar de suelo rústico a urbanizado" con el fin añadido de "aumentar la seguridad jurídica" de los promotores y constructores. Al respecto, ha aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno central que "tramite cuanto antes el proyecto de ley de seguridad jurídica que tiene aparcado desde hace casi un año" e indicar que "topar los precios no es la solución". 

Al tiempo que ha subrayado que el ejecutivo andaluz seguirá dando pasos para respaldar el sector mediante acciones como la guía para la incorporación de desarrollo sostenible, que "podría ver la luz al final del año", o lo contemplado en los presupuestos andaluces de 2024, que destina "376 millones al Plan Vive de rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, un 12% más que en 2023" o "casi 22,5 al fomento del alquiler". La Consejería también trabaja en la revisión del plan de ordenación del territorio de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos, por obsolescencia del anterior, que permitirá agilizar los proyectos para obtener suelo urbanizado. 

El plan anunciado por Fadeco, además, cuenta con la asistencia técnica de la consultora Deloitte, y está previsto que se lleve a cabo en los próximos meses por medio de distintas mesas de trabajo, en las que habrá representación de empresas del sector, administraciones públicas, colegios profesionales o la banca. Las conclusiones se incorporarán al Libro Blanco de Urbanización Sostenible.