Seis años han pasado desde que salió a la luz pública el caso de la llamada Protectora de los horrores de Torremolinos, donde casi 3.000 animales fueron presuntamente exterminados de forma cruel e indiscriminada. La presidenta de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales, Carmen Marín, y uno de sus empleados entonces se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes para dar cuenta de lo que ocurría tras las paredes de las instalaciones de Parque Animal ante lo que se considera el mayor caso de maltrato animal juzgado hasta ahora en España.

La principal acusada que era la responsable de la Protectora se enfrenta a cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental, mientras que al ex trabajador de Parque Animal y mano derecha de aquella se le acusa de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional. El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga acogerá durante tres días el juicio por el que pasarán investigadores, antiguos empleados, veterinarios y afectados.

Es el último paso en la larga odisea de este caso de exterminio animal que se ha prolongado desde que el 10 de noviembre de 2010 los dos principales acusados fueran detenidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las mismas instalaciones de Parque Animal, tras la denuncia de un veterinario que había trabajado en ese centro.

Así se destapó la caja de Pandora de lo que se convertiría en un escándalo en el seno de una asociación protectora que hasta ese momento gozaba de un reconocido prestigio en la zona y que tenía una concesión del Ayuntamiento de Torremolinos desde 2001 para prestar el servicio de recogida y atención de los perros y gatos abandonados en el municipio. Sin embargo, la investigación también destapó que al menos en 2010 le fue adjudicado al concurrir otra asociación que no existía y una clínica veterinaria que no recibió aviso de la oferta pública.

Un agente del Seprona inspecciona los animales muertos encontrados en Parque Animal en noviembre de 2010

El relato de aquel veterinario sobre el modus operandi que presuntamente la directora de Parque Animal practicaba a la hora de sacrificar a los animales que recogía fue el germen de la llamada operación Óbito que llevó a cabo el Seprona y que destapó las supuestas irregularidades cometidas por los arrestados, al menos, desde 2008. La investigación iniciada entonces reveló que tanto la directora del centro como el encargado sacrificaban presuntamente a los animales que recibían "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada".

Unos 2.865 son los perros y gatos que la Guardia Civil pudo demostrar que murieron tras inyectarle una cantidad insuficiente de un producto eutanásico llamado Dolethal para supuestamente ahorrar costes y sin ningún tipo de control veterinario, pese a que la legislación vigente establece que sólo puede realizarlo un profesional autorizado, en casos excepcionales y siempre que el animal esté sedado o con anestesia general para que no sufra. Un informe del Colegio de Veterinarios certificó que se sacrificaron supuestamente un 250% más de perros y gatos de los que permite la ley.

La necropsia practicada a algunos de los animales encontrados muertos en Parque Animal concluyó que llegaban a agonizar durante más de media hora en algunos casos y que muchos eran guardados en congeladores cuando aún estaban vivos, algo que pudieron constatar los agentes de la Guardia Civil en una inspección que efectuaron por sorpresa al centro y en la que encontraron varias decenas de perros y gatos en su interior cuando todavía no presentaban el rigor mortis.

Lo que más conmoción generó tras desvelarse la investigación fue que muchos de estos animales habían sido entregados de forma temporal al centro y sus propietarios creían que estaban en manos de familias de acogida. En otros casos, los perros eran sacrificados antes incluso del plazo de diez días fijado por la ley para dar en adopción a los que ingresan por abandono.

Para poder justificar el masivo sacrificio, la directora del centro llegó supuestamente a falsificar la firma de veterinarios haciendo un uso fraudulento del número de colegiado y del sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al Ayuntamiento de Torremolinos y por los que cobraba por los gastos ocasionados. Pero además, el Seprona descubrió que el centro Parque Animal presuntamente cobraba de forma sistemática 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal, algo no permitido para las asociaciones consideradas sin ánimo de lucro.

Todos esos ingresos que presuntamente recibía, unidos a las herencias de algunas personas y los donativos de otros que voluntariamente quería ayudar a la asociación protectora, hicieron que la recogida de animales se convirtieran en un negocio redondo, según los informes realizados por la Guardia Civil.

A todo ello se une la larga lista de infracciones que supuestamente la directora de Parque Animal cometió como no cumplir con las medidas exigidas de higiene y sanitarias en el centro y que le valieron el pago de una multa de 15.000 euros y el cierre temporal de las instalaciones durante seis meses. Posteriormente, el Ayuntamiento de Torremolinos, que entonces presidía Pedro Fernández Montes (PP), le quitó la concesión a la asociación de Carmen Marín para otorgársela durante ocho años a otra, llamada Canes, sin concurso público y por recomendación de ella misma.

Perros acogidos en Parque Animal.

Por este y otros hechos, los agentes que llevaron la investigación sospecharon de "connivencia" entre el Ayuntamiento y la protectora. Ejemplo de ello es que la Guardia Civil relata en sus diligencias que el Consistorio facilitó supuestamente que la directora de Parque Animal sacara del área de Medio Ambiente varios listados sobre los animales retirados para incineración registrados oficialmente con anterioridad para "subsanar deficiencias con la clara intención de inducir a error sobre su autenticidad" una vez que había comenzado la investigación.

En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, Carmen Marín, reconoció "de forma expresa haberlos alterado", así como que era su letra cuando plasmaba la palabra veterinario lo que implica que "aparecen indicios de una forma de proceder habitual y mecánica". El juez consideró entonces que "si la imputada reconoce abiertamente que, cuando presentaba los documentos privados ante el Ayuntamiento para comunicar el listado de animales sacrificados, alteraba y complementaba los datos que fueran necesarios utilizando su puño y letra, es lógico pensar que también lo hacía en relación a las certificaciones documentos oficiales en los que se autorizaban duchas eutanasias por los veterinarios".

El procedimiento llegó a su última fase de instrucción en julio de 2015. Anteriormente, la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y la acusación popular en la que están representados varios colectivos ya habían entregado sus respectivos escritos de acusación, en los que se detallaban las penas solicitadas por cada uno por los delitos imputados. La mayoría de las acusaciones personadas (Colegio de Veterinarios, Colectivo contra el Maltrato Animal, El Refugio y la Asociación Acción Afectados Parque Animal) siguieron los pasos del escrito del ministerio público que considera que la responsable de la Protectora era la que impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos con la colaboración de otro empleado, al que también acusa por el sacrificio "masivo e injustificado" de animales abandonados recogidos por la asociación "con la exclusiva finalidad de reducir los costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados".

El fiscal mantiene que en las instalaciones de Parque Animal "se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas".

Para llevar a cabo, lo que el fiscal considera "exterminaciones masivas y programadas", el escrito añade que se hacían preferentemente a primeras horas de la mañana cuando "se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano".

Por el delito de maltrato animal continuado, el fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años. En cuanto al delito de intrusismo profesional, pide una multa de 7.200 euros para la acusada. Por el presunto delito de falsedad documental, en cambio, el fiscal solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.

Seis años después de esta macabra noticia, afectados y amantes de los animales piden que se haga justicia y que un caso como éste nunca se olvide para que no vuelva a repetirse.