Unos 700 residentes sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia están llamados a una huelga indefinida a partir de finales de mes. La fecha que barajan las asambleas que la impulsan es el 19 de noviembre, aunque el día aún no está cerrado hasta que no se presente la convocatoria formal. Pese a que es una protesta de profesionales que están completando su formación, si tiene apoyo en los centros, puede suponer un problema para la asistencia ya que -sobre todo los de los niveles más avanzados- resuelven muchas guardias y llevan parte del peso de las unidades. Además, porque a diferencia de los facultativos, los residentes no están sujetos a servicios mínimos.

A la huelga están convocados médicos, enfermeros, farmacéuticos, biólogos, psicólogos y veterinarios que están haciendo la residencia en el SAS. La medida de presión pretende expresar el rechazo del colectivo por la eliminación de la paga de Navidad, el recorte del número de guardias, la bajada del 10% en las retribuciones y el descuento de 10 horas de guardias que se les hace para aplicar el incremento de la jornada ordinaria de 35 a 37,5 horas semanales. "Queremos que el SAS nos convoque a una reunión, que nos dé la oportunidad de plantear nuestras reivindicaciones", explicó Manuel Zurbarán, representante de los residentes sanitarios en Andalucía.

La huelga está prevista en toda Andalucía. Fue acordada hace tres semanas en una asamblea celebrada en Antequera en la que participaron representantes del colectivo de las ocho provincias. "Con la dimisión de los tutores [de los MIR, una medida de presión de los médicos contra los recortes] perdemos formación. Además, con los contratos al 75% que se están haciendo para ahorrar, los residentes tenemos que asumir más carga laboral", argumentó Zurbarán. Coincidiendo con el día de la huelga, también está prevista una manifestación en Sevilla.

Una de las quejas del colectivo es que el SAS les descuenta 10 horas que han hecho como guardias para encajar el incremento de la jornada ordinaria, un sistema que en opinión de Zurbarán supone "una bajada salarial encubierta". Según su estimación, desde julio pasado -cuando por decisión del Gobierno central entró en vigor el aumento del horario- los residentes han perdido entre 300 y 500 euros.