Sindicatos piden multas y más medidas contra los agresores en los centros sanitarios de Málaga
Reclaman que las agresiones sean consideradas “alteración del orden público” y critican a Salud por la falta de reuniones de la Mesa provincial
El 60% de las agresiones en el ámbito sanitario se producen en Atención Primaria

Lanza un puñetazo a un celador del centro de salud de Alhaurín de la Torre, insulta y empuja a una médica del Materno, amenaza a una enfermera del ambulatorio de Antequera... Estas son solo tres de las agresiones del último año en centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga. Aún no se conoce el balance de todo 2024, pero los datos del primer semestre reflejan que en 182 días hubo 175 ataques físicos y/o verbales. A razón de casi uno diario, según las estadísticas provinciales que incluyen a personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de todas las categorías. Unas cifras que sólo recogen los que se denuncian. De modo que en realidad su número es mayor. Además, tras caer durante la pandemia –de 323 en 2019 a 186 en 2020 y 187 en 2021–, las agresiones no paran de subir. Hubo 268 en 2022, 278 en 2023 y 175 sólo en el primer semestre del año pasado.
Por eso, profesionales y sindicatos reclaman más medidas contra las agresiones. Entre ellas, un endurecimiento de las penas con su consideración de “alteración del orden público”, multas que supongan una penalización económica para el agresor y sanciones administrativas como el alejamiento a otro centro sanitario para su atención.
El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, recuerda que una agresión no sólo afecta al agredido, sino que “distorsiona” la asistencia del centro en el que se produce porque impacta en su normal desarrollo. De ahí que demande su tipificación jurídica de “alteración del orden público”, lo que implicaría un agravamiento de las penas.
En la misma línea se pronuncia el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín: “Una agresión rompe el ritmo de trabajo de un centro porque aumenta la tensión, tanto entre los profesionales como entre los usuarios”. Mientras Satse reivindica una ley estatal específica para atajar las agresiones en el ámbito sanitario, el SMMvuelve a exigir sanciones administrativas y multas para los agresores.
La delegada de prevención de riesgos laborales del Sindicato Médico, Teresa Valle, recuerda que Castilla-La Mancha, por ejemplo, impone pagos de 600 a 15.000 euros para los agresores en función de la gravedad de los hechos.
Tanto Satse como Sindicato Médico critican además la ausencia de las reuniones periódicas de la Mesa Provincial contra las Agresiones. Sánchez acusa a la Delegación de Salud de haberlas “abandonado”. Martín confirma que no se convocan desde hace “bastante tiempo”. En ese órgano están representados Administración, sindicatos, fuerzas de seguridad, funcionarios del ámbito judicial y colegios profesionales. “Eran encuentros de trabajo pacíficos y productivos porque se analizaban los problemas provinciales y se estudiaban mejoras”, dijo. Los sindicatos los reclaman, pero no se convocan.
También echan en falta más apoyo de la Administración a los agredidos. Valle asegura que el SASsiempre se persona en los juicios cuando un agresor causa daños materiales, pero que es excepcional que lo haga cuando un profesional es agredido. De hecho, ambos sindicatos piden que se persone de oficio y siempre que haya una agresión. La delegada del SMMtambién reclama la simplificación del papelo interno para comunicar estos ataques porque dice que es tan farragoso que muchos ni se tramitan. Y lo que no se denuncia, no se contabiliza. Por eso insiste en que las estadísticas no reflejan la realidad, que es mucho peor.
Otra demanda de las organizaciones sindicales es vigilantes de seguridad en la totalidad de los centros sanitarios. Pero, con carácter urgente, al menos en todos los que prestan asistencia las 24 horas. Según el SMM,de los 27 centros de salud de Málaga capital, solo 12 tienen personal de seguridad “y no toda la jornada” y sólo una docena cuenta con vías de escape en las consultas. Por eso, Valle urge a que se implanten las medidas del Plan de Agresiones de 2020, que “casi no se ha desarrollado”.
Salud prepara un régimen sancionador y defiende sus medidas
Por su parte, Salud reitera que prepara un régimen sancionador y defiende sus medidas. La Consejería y el SAS insisten en que tienen el mismo objetivo que las organizaciones sindicales: "acabar las agresiones al personal sanitario". Además, condenan las agresiones porque "bajo ningún concepto" pueden justificarse. La Administración reitera que está trabajando en un régimen sancionador que se incorporará a la próxima Ley de Salud que recogerá las infracciones frente a estos hechos.
Salud defiende sus medidas. Entre ellas, el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que contempla el profesional guía para acompañar a los profesionales agredidos , "canales ágiles y rápidos" para que la víctima no esté sola tras sufrir un ataque verbal o físico, atención psicológica y el refuerzo de las medidas de seguridad. Destaca que entre las últimas medidas están las alarmas individuales, que "están obteniendo buenos resultados".
En la provincia de Málaga, a fecha de junio de 2024 había implantadas 565 cámaras de seguridad; 23 GPS en ambulancias; 139 interfonos; 539 salidas alternativas; 2.170 software antipánico; 1.385 teléfonos; 23 timbres instalados en ambulancias; 1.393 timbres instalados en consultas; 12 alarmas individuales, y 21 controles de acceso.
Salud también destaca que trabaja en el proyecto de decreto por el que se crea el Observatorio de Agresiones, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes. Y defiende su gestión recordando que la Consejería cuenta con un Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones aprobado en febrero de 2020. Uno de los objetivos es implementar la coordinación entre los interlocutores sanitarios, de fuerzas de seguridad y los directivos de los centros de cada provincia. "Este grupo de trabajo realiza reuniones periódicas y continuadas a las que asisten las personas designadas por cada uno de los colectivos implicados", asegura.
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