"Muchas gracias por jodernos la vida todos estos años, esto demuestra lo mal que lo hacen. Ahora mi pregunta es el daño causado quién lo paga a todo los compañeros y todas nuestras familias. Qué bien lo hace este país". Fueron las primeras palabras del malagueño Carlos Aranda en las redes sociales después de conocerse que quedaba exonerado de los delitos que se le imputaban tras la Operación Oikos, que eran corrupción deportiva, blanqueo de capitales, fraude a casas de apuestas y organización criminal. La magistrada se apoya en los razonamientos de la fiscalía y de los letrados de los investigados para concluir que no ha quedado acreditada ninguna conducta sancionable penalmente contra los acusados, entre los que también estaba el ex futbolista Raúl Bravo, íntimo amigo del paleño.

En una entrevista en Relevo, Aranda ofrecía algunas opiniones sobre el asunto. Señalaba que las apuestas hacen mucho daño y que "son peor que la droga" y que son "indemostrables" porque ningún jugador se va a arriesgar. Acerca de la detención en 2021 en una operación contra el tráfico de marihuana en la provincia de Málaga, la Operación Chaparro, Aranda se defendía diciendo que es un caso abierto y que es inocente.

Las investigaciones policiales que desencadenaron la operación situaron en la cúspide de la trama a los exjugadores Carlos Aranda, malagueño, y Raúl Bravo, que supuestamente se servirían de jugadores en activo como Íñigo López, Samu Saiz o Carlos Caballero para intermediar en los presuntos amaños. Tras casi seis años de investigaciones policiales en torno a los partidos Sariñena-Cariñena (abril 2017), Huesca-Nástic de Tarragona (mayo 2018), Valladolid-Valencia (mayo 2019), Reus-Valladolid (junio 2017) y Getafe-Villarreal (mayo 2019), tanto la instructora como la fiscalía concluyen que no existen indicios suficientes de criminalidad en la conducta de los investigados.

Una falta de indicios que, tras la cascada de sobreseimientos acordados meses atrás respecto a una gran parte de los investigados, concluye con la exoneración de Bravo y Aranda, de Íñigo López así como del expresidente del Huesca Agustín Lasaosa y del gerente de la empresa Pryobras, investigado este último por la presunta falsificación de facturas a fin de obtener capital para las supuestas apuestas fraudulentas.