A la salida de clase, en febrero de 2015, una madre del colegio público Los Campanales de Las Lagunas de Mijas quiso hablar urgentemente con la maestra de su hija. Cuando ésta la citó para una tutoría ella se negó a esperar, comenzó a dar gritos, la agarró por el brazo, la zarandeó y le impidió moverse durante unos instantes. La profesora no se amedrentó y denunció el hecho violento. Esta mañana se ha leído la sentencia en el Juzgado de lo Penal número 11 y se ha condenado a la madre a seis meses de prisión por un atentado a la autoridad pública. También se le ha impuesto una indemnización de 120 euros y podría ingresar en la cárcel si vuelve a delinquir en el plazo de dos años. El departamento jurídico del sindicato ANPE se muestra “satisfecho” porque se trata de una condena “ejemplar”.

“Las consecuencias para los que comentan un delito como éste son graves, de ahí la importancia de esta sentencia”, apunta el abogado Francisco Granados Romero. María del Amo, presidenta provincial de ANPE, pide “el reconocimiento de autoridad del profesorado, que se plasme en una ley de autoridad similar a la de otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Galicia, Madrid o Valencia y que se reúna en un único cuerpo toda la normativa andaluza que existe en materia de derechos y protección jurídica del profesorado, que actualmente está totalmente dispersa”. Del Amo subraya la necesidad de frenar la violencia hacia los docentes “simplemente por hacer su trabajo”, algo que se ha visto magnificado con las nuevas tecnologías y las redes sociales.