El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este lunes por unanimidad de los grupos políticos la cesión a la Junta de Andalucía de 13.000 metros cuadrados de suelo localizado en La Torrecilla para la construcción del futuro Palacio de Justicia y la nueva Comisaría de la Policía Nacional, un proyecto que espera que se licite antes de que finalice el año

La propuesta ha sido defendida por la alcaldesa en sesión extraordinaria, donde ha recordado que el pasado mes de septiembre se aprobó la “cesión provisional de la parcela” y que “hoy traemos el acuerdo definitivo”.

Durante su intervención, la regidora ha detallado que el Ayuntamiento va a ceder la parcela tanto a la Consejería de Justicia de la Junta como al Gobierno central, subrayando que el suelo “se va a dar urbanizado” al suponer “un beneficio para la ciudad”, por lo que ha agradecido su “esfuerzo y su apoyo” a la Administración regional y a la Plataforma Iniciativa cívica Pro centro judicial Costa del Sol.

Para perfilar el proyecto, Muñoz ha destacado que la semana pasada se reunión con la Secretaria general de la Consejería de Justicia, María José Torres, y con el director general de Infraestructuras de Justicia, Miguel Ángel Reyes, donde “se acordó cómo se va a licitar el proyecto”.

Así, ha asegurado que “el Palacio de Justicia va a estar en licitación en esta misma legislatura”, precisando que “la idea es que antes de que finalice el año podamos tener la licitación del proyecto”, para lo que “habrá una comisión paritaria entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento con fondos de la propia Consejería.

Muñoz ha recordado el intento inicial de ubicar el Palacio de Justicia en el edificio anexo al hospital Costa del Sol, que fue embargado por corrupción al ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; por lo que el equipamiento judicial se ubicará finalmente al norte de la ciudad.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha abonado “casi 5 millones de euros” para “poder obtener 35.000 metros cuadrados” de la parcela de La Torrecilla a través de “una sentencia judicial”, y que cederá “de manera absolutamente gratuita” tanto a la Consejería de Justicia de la Junta como al Gobierno central para “las nuevas instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional”.

“Necesitábamos unas instalaciones de calidad, modernas y acordes no solamente con las necesidades presentes, sino también futuras, y sobre todo pensando en los usuarios y en los profesionales de la Judicatura que ejercen el derecho en la ciudad”, ha destacado la munícipe en relación a la carencia de sedes judiciales en el municipio.

Por su parte, el concejal del PSOE, José Bernal, ha pedido aclaraciones sobre el proyecto, asegurando que la Junta contempla en sus presupuestos para el mismo la cantidad de “75.000 euros” cada año hasta 2025.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción presentada por la alcaldesa para la aprobación inicial de un expediente de modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito para actuaciones públicas, valorado en 3 millones de euros, y que deriva de causas judiciales por corrupción con sentencia firme, por lo que se eleva a casi 50 millones de euros los fondos recuperados en los últimos ocho años de los 334 millones que el Ayuntamiento tiene en sentencias firmes en 40 procedimientos judiciales.

La alcaldesa ha destacado que esta cuantía procedente de los fondos de los casos Saqueo I y II se destinará a “un plan de conservación de urbanizaciones y el paseo marítimo, al de conservación de los colegios, de instalaciones deportivas y a otro de dinamización y reactivación del turismo”.

Asimismo, en la sesión extraordinaria se ha aprobado de manera inicial la modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito por un importe de 4.264.165,53 euros, un expediente iniciado por el área de Recursos Humanos a consecuencia de los fallos judiciales derivados de la “temporalidad” de los contratos que ha realizado el Consistorio.

El delegado del área, José Eduardo Díaz, ha señalado que la iniciativa tiene por objeto “dar cumplimiento a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social de Málaga y las Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, detallando que “este abono va dirigido al pago del salario de tramitación, de la diferencia retributiva y a distintos conceptos asociados a los procedimientos judiciales, así como a la ejecución material de las sentencias”.