La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pedirá al Gobierno central “la legalización” de las obras del paseo marítimo realizadas por el exalcalde, Jesús Gil, en 1992, sobre las que pesa una sentencia dictando su ilegalidad por ser “una ocupación del dominio público”, al tiempo que se ha mostrado contraria de demoler el tramo afectado, según ha declarado este jueves.

Así lo ha destacado la regidora a preguntas de los periodistas tras la interpelación protagonizada en el Senado el pasado martes entre la también senadora por el Partido Popular (PP) y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para debatir el proyecto de estabilización del litoral marbellí, en la que Muñoz recriminó a ésta que desconozca la situación de la costa de la ciudad y plantee derruir el paseo marítimo para construir los espigones.

De este modo, ha avanzado que mañana viernes su grupo municipal del PP elevará al Pleno de la Corporación municipal “una moción" para pedir el Gobierno central "el compromiso firme con un calendario de plazos para la construcción de los espigones y el rechazo a la destrucción de más de 4 kilómetros de paseo marítimo" porque "los ciudadanos de Marbella tienen que decirle claro al Gobierno, a través de sus representantes, las circunstancias en las que estamos”.

“No cabe en ninguna cabeza que con un paseo marítimo que se hizo en el año 1992, ahora en el 2022, 30 años después nos digan que lo van a demoler”, ha declarado la alcaldesa, quien ha valorado que “lo que necesitamos no es demoler el paseo marítimo, lo que necesitamos es playa y que haga los espigones”.

“Nosotros vamos a pedir de manera inmediata la legalización de unas obras, y por otro lado, estamos de acuerdo en que se tenga que retranquear o sacar la tubería -del saneamiento-, y para eso está trabajando la Junta de Andalucía para llevarlo a cabo”, ha referido la primera edil.

Respecto a la sentencia, la regidora ha detallado que “cuando hay una ocupación en una zona de dominio público no prescribe”, pese a que los trabajos se acometieron hace 31 años, por lo que ha avanzado que el Ayuntamiento va a “pedir la legalización de esas obras”. En cuanto al tramo de paseo marítimo afectado, ha precisado que son 4 kilómetros comprendidos en el área de “mármol”, que discurre entre la avenida Arias Maldonado y el hotel Don Pepe Gran Meliá, y “toda la zona de inicio del albero”.

Preguntada sobre si alguna vez el Consistorio ha valorado ejecutar la sentencia, Muñoz ha respondido que “nunca”, al tiempo que ha afirmado que es “una obligación que corresponde al Gobierno porque es una ocupación del dominio público de costa”. Por otro lado, Muñoz ha apuntado que según las palabras de Ribera en la interpelación realizada en el Senado, “lo que pretende la ministra es que lo hagan ellos y se lo cobren al Ayuntamiento” al verbalizar que “tiene una partida presupuestaria, van a ocupar y a demoler el paseo marítimo, y que después por ser una actuación subsidiaria se lo cobrarán al Ayuntamiento”.

“Si hay que legalizar esas obras que se legalicen, y es lo primero que nosotros vamos a hacer, que lo digan y que veamos cómo podemos llevar a cabo la legalización del paseo marítimo”, ha vuelto a increpar la primera edil, quien ha remarcado que “lo que no vamos a consentir de ninguna de las maneras es que haya ninguna demolición”.