La alcaldesa de Marbella y senadora del Partido Popular (PP) por la provincia de Málaga, Ángeles Muñoz, ha actualizado su declaración de bienes patrimoniales en la Cámara Alta en plena tormenta por el caso de su marido, tras experimentar un incremento patrimonial al adquirir al 100% de una sociedad que hasta entonces había compartido al 50% y de una vivienda en Suecia, según la declaración presentada en el Senado esta semana.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, está sellado por el registro general de entrada del Senado el 17 de noviembre de 2022, es decir, el jueves, en el que se producen varias modificaciones con respecto a la declaración de bienes patrimoniales que la senadora presentó en noviembre de 2019 tras la toma de posesión del cargo.

La alcaldesa y senadora ha actualizado su patrimonio en el apartado de bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa, y de la que el declarante tiene acciones o participaciones. En concreto, ha declarado un incremento patrimonial relativo a una parcela, un atraque y una nave industrial a nombre de la sociedad Hacienda Property S. L., todos ellos adquiridos en el año 2005 y localizados en Málaga, sobre los que en la actualidad Muñoz tiene un derecho del 100%. Según ha publicado elDiario.es, estos bienes pueden tener un valor de "casi 3 millones de euros", en base a una “valoración que hacen expertos del mercado inmobiliario” al medio de comunicación. 

La modificación se debe a que en la declaración de bienes patrimoniales que presentó a la Cámara Alta en 2019, tras tomar posesión como senadora, la también alcaldesa de Marbella declaró poseer solo el 50% de estos bienes inmuebles. Según la nota informativa del Registro Mercantil, Ángeles Muñoz obra desde el 7 de julio de 2020 como “socio único” de la empresa, mientras que su marido era el “administrador único” desde junio de 1998.

La sociedad es “unipersonal, siendo su socio único” María Ángeles Muñoz Uriol desde la citada fecha, según reza en el documento, donde se contempla que la empresa tiene un capital social de 548.835,48 euros y no ha presentado las cuentas relativas al ejercicio 2020. 

Según el reglamento del Senado, en su artículo 26.2 se establece, que “los senadores estarán obligados a formular” las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, y ambas “deberán formularse al iniciar su mandato como requisito para la perfección de la condición de senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”. En este caso, Muñoz fue nombrada como socio único de Hacienda Property S.L. el 7 de julio de 2020, y ha sido en noviembre de 2022 cuando ha declarado poseer el 100%.

En base a la referida legislación, desde la Cámara Alta han confirmado que los senadores están “obligados a declarar” las modificaciones experimentadas en su patrimonio, al tiempo que han indicado que “no hay sanciones y no se hace ninguna investigación” sobre los bienes declarados por los representantes públicos. El órgano legislativo ha precisado que la actualización de la declaración de bienes presentada por Muñoz esta semana será calificada el próximo martes por la Mesa del Senado, por lo que falta su aprobación para que el documento se publique en los canales de la referida institución.

Por otro lado, la actualización del incremento de bienes patrimoniales registrada en el Senado por parte de Muñoz recoge una modificación respecto a una vivienda localizada en Suecia, reflejada en el apartado de bienes Inmuebles de naturaleza urbana, de la que en la actualidad la alcaldesa tiene un derecho del 100%, mientras que en 2019 declaró que solo poseía el 50% de la casa. A ello hay que sumar otra vivienda, esta vez recogida como bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones, y cuya titularidad ostenta la empresa Crasel Paronamica S.L. desde 2003, de la que la senadora posee el 49%.

La actualización también recoge variaciones en el apartado de rentas percibidas por el parlamentario en el ejercicio económico anterior, en concreto en lo relativo a la cantidad pagada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De esta forma, Muñoz ha declarado en ambos documentos, tanto el presentado en 2019 como el registrado ayer jueves, haber percibido 84.621,76 euros en concepto de salario, así como 1.200 euros mensuales por el alquiler de vivienda en Madrid, otros 1.200 euros por el alquiler de local en Marbella y aproximadamente 850 euros mensuales por el alquiler vacacional de vivienda en Benahavís. Mientras, en el apartado del IRPF la alcaldesa y senadora declaró hace 3 años que abonó 40.068,83 euros en concepto del gravamen, una cantidad que se reduce a “35.568,53 euros” en la actualización de esta semana.

Además de la mencionada casa en Suecia, la regidora ha declarado poseer también como bienes inmuebles de naturaleza urbana otras tres viviendas, una de ellas en Madrid, adquirida en el año 1998, con un derecho sobre la misma de pleno dominio y bajo compraventa. Otra de similares características fue adquirida por la senadora en Málaga en 2007, y una tercera fue obtenida en un “12.5 herencia” en 2013, también en Málaga. Asimismo, tiene registradas en Málaga una oficina desde 1990 y una “nave industrial” con el “50% pleno dominio” desde 2018.

El marido de la alcaldesa y senadora, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, está procesado junto a su hijo e hijastro de Muñoz, Joakim Peter Broberg, por pertenecer presuntamente a una red dedicada al narcotráfico, según el auto de procesamiento emitido por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 29 de septiembre, al que ha tenido acceso este diario. La instrucción concluida determina que se trata de “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”.

El tribunal atribuye al marido de la regidora indiciariamente los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas” por participar “activamente” en la red, sumando ambos una condena que podría alcanzar los 14 años de prisión, aunque el procedimiento de momento se ha detenido contra él, debido a su estado de salud.  Estas acusaciones también recaen sobre su hijo Joakim, quien acudió ayer a los Juzgados de Instrucción de Marbella a recoger el documento con motivo de una citación para una “declaración de indagatoria”, en el cual se indica que “ostenta el rol de jefe o administrador de la organización”, además de atribuírsele un delito contra la salud pública a este último.