Varios vecinos de la urbanización de lujo Cabopino de Marbella han interpuesto una denuncia contra la comunidad de propietarios y su administradora -que es la esposa del exalcalde de Mijas y presidente del PP de la localidad, Ángel Nozal-, por la que solicitan judicialmente la presentación de las cuentas de los últimos 5 años.

La citación judicial está prevista para este miércoles a las 10:00, en el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Marbella, localizado en la avenida Arias de Velasco, donde se practicarán las “diligencias preliminares para obtener documentos de la administración, ya que se nos niega” presuntamente, según ha declarado el abogado de los denunciantes, Antonio Jesús Doblas.

El letrado ha indicado que el exalcalde de Mijas y actual presidente del PP local y futuro candidato a la Alcaldía de la localidad por la formación popular, Ángel Nozal, es “el dueño de Centro de Servicios Alcántara y su mujer es la administradora de la comunidad” Cabopino, asegurando que “durante muchos años él fue el administrador de la comunidad, hasta puso a su mujer al frente”.

Doblas ha explicado que el acto que se dirime en sede judicial en Marbella “es como una petición que lanzas al Juzgado para preparar una futura demanda civil o penal” porque “te hace falta una documentación que no está en tu poder, y que en este caso la tiene la administración”, en relación a las diligencias previas.

“La administración se niega -supuestamente- de manera sistemática a dar cualquier tipo de información, sobre todo por escrito, de las cuentas, de los balances, de los deudores, de los propietarios, de los coeficientes o de las facturas, prácticamente de nada”, ha remarcado.

Por ello, la comunidad plantea realizar este procedimiento, ya que presuntamente “tenemos la legítima sospecha de que las cuentas que se presentan todos los años a los comuneros no reflejan la realidad contable de la comunidad”, por lo que se ha solicitado al juzgado “una serie de documentación, estimando el juez que procede y que hay un interés legítimo” por parte de los comuneros.  

De este modo, el auto emitido por el juzgado, al que ha tenido acceso este diario, indica que la diligencia contempla “la exhibición de la rendición de cuentas de la comunidad de los últimos cinco años, correspondiente a los ejercicios 2017 a 2021 con el libro de facturas numeradas”, la “justificación documental y la entrega de los movimientos de ingresos y gastos en la cuenta bancaria a nombre de la comunidad” del mismo periodo  o la “entrega del listado actualizado de propietarios de la comunidad con expresión de los coeficientes de participación de todos”.

Asimismo, se solicita judicialmente “la copia de las actas obrantes en el libro de actas diligenciado de la comunidad de propietarios desde el año 2010 al 2021”, la “entrega o exhibición de las representaciones entregadas al presidente y a la administradora en la junta general ordinaria de 26 de noviembre de 2021” o la muestra documental del “histórico y vigencia de argos de la sociedad Alfenugi inmobiliaria S.L.”, indicando que el representante de los comuneros actúa como “apoderado de la misma para ejercer como presidente de la comunidad de propietarios Cabopino”.

Por otro lado, los vecinos afectados interpusieron una denuncia ante la Agencia Tributaria el pasado mes de julio por presuntos “hechos que podrían ser constitutivos de infracción tributaria”, en base a “los ingresos atípicos que genera anualmente la comunidad”, según la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario.

Entre ellos destacan “los ingresos de alquiler de zonas comunes a locales comerciales de esta comunidad”, y que supuestamente ésta “lleva años recaudando dinero por este concepto sin que se haya declarado el correspondiente I.V.A ni practicar las retenciones del I.R.P.F correspondiente”.

Además, la denuncia apunta a presuntos “ingresos por alquileres de zonas comunes a empresas de telefonía” al contar con “una antena fija de telefonía móvil en una de las cubiertas de los edificios de la comunidad, sin que hasta la fecha haya podido tener conocimiento de la empresa en concreto que explota esta zona, en qué condiciones y por qué cantidad de dinero a modo de contraprestación”.

Los presuntos “ingresos por cajeros automáticos” es otro de los aspectos que se incluyen en la denuncia, un documento en el que se plasma que existen varios en la comunidad que generan supuestamente beneficios “no relativos a las cuotas” de los comuneros, y de los que se desconocen “importes” o “empresa explotadora”; así como supuestos “contratos privados a propietarios de zonas comunes escapan al control de la junta de propietarios y, cuyos ingresos presuntamente tampoco son declarados”.

Entre los afectados se encuentra la colabora de televisión Aida Nízar, que posee una vivienda en la citada comunidad de vecinos, concentrando la urbanización unos “204 propietarios aproximadamente”, ha indicado Doblas.