Puerto Banús puntualiza que el TSJA no aborda la “titularidad” de los viales

La marina destaca que la “propiedad del suelo” objeto de la demanda debería discutirse en el procedimiento administrativo que ordena el juez iniciar al Ayuntamiento de Marbella

El TSJA obliga a Marbella a iniciar el expediente para incorporar los viales ocupados por terrazas de Puerto Banús al patrimonio publico

El lujoso Puerto Banús en una imagen de archivo.
El lujoso Puerto Banús en una imagen de archivo. / M. H.

La concesionaria de Puerto Banús ha puntualizado que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los viales ocupados por terrazas en la lujosa marina no aborda la “titularidad” de los mismos, así como destaca que la “propiedad del suelo” objeto de la demanda debería discutirse en el procedimiento administrativo que ordena el juez iniciar al Ayuntamiento de Marbella.

Así ha respondido este martes la empresa que gestiona el espacio portuario a la sentencia del TSJA dada a conocer ayer, en la que condena al Consistorio a iniciar o “incoar el expediente administrativo para legalizar la zona correspondiente destinada a viario ocupada por las terrazas e incluirla en el proyecto de revisión aprobado inicialmente", según acordó en el Pleno de 11 de julio de 1995, en el punto 36.11, según el fallo judicial al que ha tenido acceso este diario.

En concreto, el punto 36.11 del acuerdo plenario establece “declarar que los viales de Puerto Banús son de uso y dominio público”, además de acordar “eliminar las barreras que en ese momento impedían el acceso a los viales” e “iniciar el expediente para legalizar la zona correspondiente destinada a viario ocupada por las terrazas e incluirla en el proyecto de revisión aprobado inicialmente", según la sentencia.

En este sentido, la concesionaria de la marina ha puntualizado que en la sentencia “el tribunal no ha declarado que las terrazas ni los viales de Puerto Banús sean de titularidad pública, ni ha resuelto definitivamente el debate sobre la propiedad del suelo”, además de recordar que el fallo “no es firme”.

Según remarca, la sentencia establece que “el objeto del litigio no era decidir la titularidad de los viales, sino determinar si el Ayuntamiento de Marbella debió haber iniciado el procedimiento administrativo de incorporación al patrimonio municipal”.

Asimismo, destaca que “el tribunal estima el recurso por inactividad administrativa, al no haberse ejecutado el acuerdo plenario de 11 de julio de 1996, que ordenaba iniciar (incoar) dicho expediente”.

De esta forma, desde la marina han señalado que “las cuestiones de titularidad deberán discutirse y resolverse dentro del procedimiento administrativo que ahora debe incoarse, sin que exista pronunciamiento judicial alguno sobre quién es el propietario de los terrenos”.

Por otro lado, recuerda que “el fallo se limita a obligar al Ayuntamiento a incoar dicho expediente para legalizar la zona destinada a viario ocupada por las terrazas, sin prejuzgar su naturaleza jurídica definitiva”.

A ello ha sumado que “la sentencia únicamente restablece la legalidad procedimental y garantiza que se tramite el expediente en el que, con plena contradicción de las partes, podrá analizarse en su momento la titularidad, la naturaleza jurídica de los terrenos y los derechos existentes, cuestiones que quedan expresamente fuera del pronunciamiento judicial actual”.

El Ayuntamiento estudia recurrir la sentencia

Por su parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella “están estudiando” si recurrir la sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo, según ha declarado este martes a preguntas de los periodistas el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

Preguntado por qué no se ejecutó el acuerdo plenario de 1995, el edil ha indicado desconocer el motivo, aunque ha incidido en que “un acuerdo de Gil tendría mucho cuidado siempre a la hora de ejecutarlo” y “siempre tendría precauciones”.

Sobre cómo se plantean estos espacios en el nuevo Plan General, Díaz ha señalado que “se irá viendo conforme se vaya tramitando el Plan de Ordenación Urbana (POU)”, recordando que en el avance de este documento, aprobado en enero de 2024, “viene recogido como una zona de dominio público portuario, al igual que el resto de los puertos como La Bajadilla o Cabopino”.

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